Recientemente ha habido novedades en el caso de los cánticos racistas contra Nico Williams en el Metropolitano. La anulación de toda sanción contra el Atlético ... de Madrid por parte de la justicia federativa nos había dejado lo perplejos que podemos estar conociendo su habitual proceder. Ahora conocemos del ámbito penal nuevas circunstancias que inciden en esa particular vara de medir utilizada en el fútbol español.
La Fiscalía madrileña ha abierto investigación por un posible delito de lesión a la dignidad o a la integridad del jugador a raíz del contenido del informe policial emitido, que constata que los insultos racistas provenían del cabecilla de la grada del Frente Atlético, donde el club colchonero ubica a sus ultras. Según indica la Dirección General de Policía en su acta, se ha comprobado que el 'speaker' utilizó un megáfono para dirigirse al menor de los Williams con imitación de sonidos simiescos, lo que fue escuchado por él y por el propio juez de línea, que llamó al colegiado para que éste activara el protocolo previsto ante comportamientos racistas. Esa es la secuencia. Fue el árbitro el que conminó al delegado del Atlético al preceptivo aviso a todo el estadio. Ahora la Fiscalía pretende averiguar el número e identidad de los implicados, lo que no parece derivarse con claridad de la actuación del club, y para ello le solicita las imágenes con las que cuenta, que delatan al investido ultra.
Esto se produce días después de que el Comité de Apelación de la RFEF revocara totalmente las sanciones de cierre parcial del recinto y multa de 20.000 euros impuestas en primera instancia. ¿Por qué? Por entender que el Atlético de Madrid adoptó «todas las medidas que estaban a su alcance», tanto preventivas como reactivas, realizando una «actividad colaborativa suficiente».
No puede ser que la actuación punitiva sea diferente en función de quién ofenda o sea el ofendido
No entendemos nada. En el ámbito de la prevención, más allá de proteger y fomentar la continua presencia y acción de un frente ultra cuyas fechorías son bien conocidas, se facilita por el club una portavocía a quien la utiliza para esto. Y en materia reactiva, ¿supone hacer «todo lo que estaba en su mano» el no haber identificado explícitamente, a través de unas grabaciones que ahora le reclama la justicia, al cualificado autor, y comprobado el alcance de los insultos racistas? Todo ello le ha salido gratis a la entidad que preside Enrique Cerezo.
Pero es que el comité federativo no parece actuar siempre de la misma generosa manera. Recordaremos el diferente prisma ante lo ocurrido esta misma temporada en Valencia, donde ante equiparables conductas y respuestas se impusieron sanciones no revisadas después. ¿Tendrá que ver el que el agraviado fuera Vinicius, jugador delMadrid?
Otro próximo precedente es el del Sestao, en el que castigos por expresiones racistas fueron confirmados por el comité con el argumento de que las medidas adoptadas por el club verdinegro lo fueron «sólo por cumplimiento puntual de las instrucciones del árbitro» y no por propia iniciativa. O sea, como en el Metropolitano. Donde, además, se vienen ahora a poner de manifiesto carencias preventivas y reactivas. Apelación en su resolución denegatoria en el caso de Las Llanas concluye que «no es invocable el agravio comparativo» en relación a otras de sus decisiones. Pues eso, pura ley del embudo.
No puede ser que la actuación punitiva sea diferente en función de quién sea el responsable de la ofensa y quién el ofendido. Además de una general permisividad (ojo, también por estos lares), se consolida la percepción de desigualdad de trato. Los responsables deportivos no hacen sino repetir, con rostro compungido y boca pequeña, que hay que desterrar estas conductas, pero luego no ponen el cascabel al gato. No se están cumpliendo los principios de flamantes leyes, tan ampulosas como orilladas por los llamados a aplicarlas. Sean clubes, federaciones o administraciones. Así no acabamos con el racismo ni con la intolerancia en el deporte.
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