Euskadi carece de planes de emergencia específicos para proteger el patrimonio cultural

Todas las cautelas son pocas. Hay que prevenir y, si la catástrofe irrumpe de golpe y porrazo, se tiene que actuar con celeridad y criterio. Cada minuto cuenta. La teoría es sencilla pero, llegado el caso, ¿todo quedaría al albur de las buenas intenciones y la improvisación? Lo cierto es que en Euskadi no existe un plan de gestión de emergencias específico para el patrimonio cultural. En el supuesto de accidentes o desastres naturales (inundaciones, rayos, avalanchas...), no se cuenta con protocolos de salvaguarda avalados por los expertos con más criterio en las emergencias de nivel 3 (de interés nacional). ¿De qué profesionales hablamos exactamente? Una vez más, lo dicta el sentido común: lo ideal sería respetar la opinión de los especialistas en patrimonio cultural y atender a las prioridades de bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad, Protección Civil, Unidad Militar de Emergencia (UME), Policía... La coordinación es fundamental para consensuar estrategias comunes y eficaces. Algo que se ha conseguido en algunas comunidades autónomas.

Los planes de emergencia son medidas extraordinarias que se han desarrollado en Castilla y León, Asturias y Murcia. Por lo que respecta a Castilla-La Mancha, Aragón, Galicia, Valencia y Madrid, ya se encuentran en el proceso de elaboración. «Todo cambió a raíz del terremoto de Lorca, que sacudió la localidad murciana en 2011 y devastó el casco histórico. Poco después, el Ministerio de Cultura decidió que los especialistas en patrimonio debíamos incorporarnos a la gestión de emergencias de nivel 3», recuerda Juan Antonio Herráez, miembro cualificado del Instituto de Patrimonio Cultural, que engloba dos planes nacionales (el de Conservación Preventiva y el de Emergencia y Gestión de Riesgos).

Euskadi todavía no ha impulsado en su territorio ninguno de los dos planes nacionales. «Me consta que no tiene representación en la comisión de Conservación Preventiva. ¿A qué puede deberse? A veces todo responde a una razón muy sencilla. Quizás no haya capacidad para asistir a todas las reuniones», aventura Herráez. De momento, en el País Vasco bastan la legislación general contra incendios y el plan de seguridad de cada edificio –que tiene en cuenta su valor histórico o artístico– para garantizar la integridad del patrimonio. Sirvan como ejemplo las 172 iglesias de Bizkaia con capacidad superior a 300 feligreses para hacerse a la idea de su amparo: «Todas están aseguradas y aplican el plan de autoprotección (obligatorio en las instituciones con afluencia de público), que básicamente consiste en realizar un inventario y detallar la accesibilidad, la ubicación de extintores y tomas de agua, existencia de depósitos de gas o líquidos inflamables...», ilustra la Diócesis de Bilbao. En definitiva, se aplica la norma básica destinada a velar por la integridad de las personas. El plan de autoprotección también exige la realización de un simulacro anual, «pero lamentablemente casi nadie lo hace y es importantísimo para afinar los reflejos», subraya Herráez.

Una excepción es la seo de Santiago de Compostela, donde sí que han realizado un par de simulacros –en 2012 y 2013–, pero no en cumplimiento del plan de autoprotección sino de su propio protocolo de seguridad. En temas de protección del patrimonio, cada comunidad autónoma es un mundo aparte. Imposible unificar la legislación en la medida que se trata de una competencia transferida. «El ordenamiento jurídico es el que es, tenemos que adaptarnos. Nada que objetar. ¿Qué consejos daría yo? Que se incida en la prevención. Máxime cuando desgracias como las de Notre Dame y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona se han producido mientras se procedía a la reparación de las instalaciones. Hay que extremar los controles para evitar incendios tan pavorosos. Los operarios no trabajan en edificios de nueva planta, sino en construcciones con un valor incalculable. ¡La supervisión debe ser máxima!», alerta Herráez.

En las obras de restauración de la catedral de Santa María de Vitoria no se ha contado con normas 'ad hoc' de protección del patrimonio. «No hacen falta medidas especiales. Lo que se aplica es el Plan de Seguridad y Salud (que vela por el bienestar de los obreros), obligatorio en todas las reformas. Por lo demás, tenemos un coordinador de seguridad y un encargado de la Fundación que supervisa a los trabajadores. Así se evitan incendios y accidentes laborales», explica Leandro Cámara, arquitecto y director técnico de la Fundación Catedral Santa María. El templo de la capital alavesa es imponente y gótico, del mismo estilo que Nuestra Señora de París.