16 familias afectadas por el incendio de Basauri se confinan en el hotel porque «no tenemos dónde ir»

Estaban alojados en el Ibis de Basurto desde el 6 de febrero tras pasar las primeras noches en alojamientos de la cadena en Arrigorriaga y Barakaldo. El Ayuntamiento ha ofrecido una ayuda de 2.640 euros por familia para que encuentren un piso de alquiler los próximos tres meses, ya que la ley obliga a ofrecerles cuatro meses de alojamiento. Pero el Consistorio carece de pisos para estos casos. En total, hay 22 familias afectadas y solo 6 han accedido a coger la ayuda y marcharse. El resto, asesorados por el sindicato de vivienda Batu, han rechazado la ayuda por insuficiente y porque no ha habido tiempo material para buscar un alojamiento. «Nos vamos a quedar encerrados indefinidamente hasta que las instituciones competentes nos den una solución, porque no tenemos donde ir», ha explicado Sandra Patricia Londoño, portavoz de los vecinos. Entre ellos hay personas mayores, de más de 80 años, y niños con discapacidades.

El sindicato ha organizado una protesta que ha arrancado a las 11.00 horas en la puerta del hotel, con proclamas como «El Kalero no se abandona», «tenemos derecho a agua, pan y techo» o «alcalde, qué pasa, que tú ya tienes casa». Hasta ahora, el Ayuntamiento les hacía llegar la comida y la cena con la ayuda de Protección Civil. Ahora, serán los vecinos los que se organizarán. Un portavoz del sindicato, Pablo Oliveros, ha explicado que, cuando llegue el momento y en su caso, se abonará la factura del hotel con la ayuda de la solidaridad vecinal, aunque la idea es que sea el Consistorio el que lo haga.

Los bloques en los que residían los vecinos llevaban 40 años fuera de ordenación. Mucho antes del incendio, el Ayuntamiento tenía previsto el realojo de todos los habitantes en una nueva promoción en Bizkotxalde, pero el proceso se fue dilatando. Los vecinos denunciaron que el Consistorio les impedía realizar reformas estructurales en las fachadas y en otros puntos. Tras el incendio, provocado por un joven de 23 años, solo pudieron acceder durante diez minutos a sus viviendas para coger lo imprescindible. Desde entonces llevan viviendo en habitaciones de diez metros cuadrados «sin armarios, lavadoras, con ropa de recogidas solidaria de vecinos de Basauri, la AMPA Kareaga o la asociación Amuge. La respuesta insistucional ante la emergencia ha sido, cuanto menos, insuficiente», ha expuesto Berta Jiménez, abogada de Batu.

El 24 de febrero, hace justo «10 días, el Ayuntamiento les dijo que el día 6 se tenían que ir del hotel hubieran encontrado vivienda o no y en lugar de garantizar alojamiento, les ofrecía 2.640 euros, trasladado la responsabilidad de encontrar piso sobre las personas afectadas, por falta de voluntad o incapacidad de gestión. No hay rentista que alquile a familias del Kalero sin intermediación y además con la ayuda que ofrecen no llegaría ni para pasar un mes en un hotel barato. Les ponen entre la espada o la pared. O toman el dinero o se van a la calle sin nada«, han denunciado, tras apuntar que el Ayuntamiento desalojó el local en el que las vecinas se estaban reuniendo para recibir asesoramiento. «Es imposible encontrar un alojamiento en tan poco tiempo y el dinero que pretenden asignarles no bastaría para sufragar una estancia de dicha duración. La demanda de los vecinos no es otra que el Ayuntamiento vuelva a su compromiso obligado y se haga cargo del alojamiento de las familias durante los cuatro meses establecidos en un inicio. No quieren dinero, sino techo», apuntan.

Los vecinos, mientras, aseguran que en El Kalero ha existido una negligencia institucional porque durante 40 años les han impedido hacer reformas. Ello ha favorecido que se convierta en el hogar de las personas con menos recursos de Basauri: inmigrantes, personas de etnia gitana, pensionistas... «No tenemos dónde ir», explican. Advierten que quedan en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que entre los afectados también hay niños. Algunos han visitado varias inmobiliarias. Aapenas hay oferta de pisos en alquiler y los que están disponibles cuestan 900 euros mensuales. Además, les piden dos meses de fianza y un aval bancario de 14.000 euros. «Entre los afectados hay un señor de 84 años, una mujer que cobra una pensión contributiva de 500 euros al mes, gente que sigue pagando la hipoteca... ¿Cómo van a poder también vivir de alquiler?», asegura la madre de uno de los afectados. «Nos han quemado la casa, y encima ahora nos quedamos en la calle sin soluciones. Nos dijeron que estaban buscando pisos de alquiler social, ahora que nos busquemos la vida», critican.

«Les seguimos tendiendo la mano para que acepten la ayuda. Algunos afectados incluso se están negando a hablar con las trabajadoras sociales para que les orienten, asesoren, etc., porque hay que tener en cuenta que esta es una ayuda puntual, pero existen otras de diferentes administraciones a las que pueden acceder si están en una situación de vulnerabilidad. Creemos que están siendo mal asesorados e informados y se están metiendo en un callejón sin salida», advierten fuentes municipales.