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La mayor parte de los 35 afectados por el incendio de Basauri, provocado por un joven pirómano con antecedentes el 31 de enero y en ... el que murió Carlos, un venezolano de 41 años, están alojados en el hotel Ibis de Basurto desde el 6 de febrero. Antes habían estado en otros establecimientos de la cadena en Arrigorriaga y Barakaldo. El fuego destruyó por completo el bloque número 5 de Kareaga Goikoa, pero los residentes en los números 1 y 7 –el 3 estaba deshabitado y tapiado desde hace años– tampoco pueden regresar a sus domicilios. Mucho antes del incendio, el Ayuntamiento tenía previsto el realojo de todos los habitantes de estos bloques, declarados fuera de ordenación hace 40 años, en una nueva promoción en Bizkotxalde, pero el proceso se fue dilatando. Quedan años para que las nuevas casas estén listas.
La institución local ha ofrecido 2.640 euros a cada unidad familiar para ayudarles en el traslado a otros alojamientos porque reubicarlos en pisos de alquiler social «no es viable por ahora», han explicado fuentes municipales. En total, hay 22 familias afectadas. Según el Ayuntamiento, seis de ellas han aceptado la ayuda y abandonarán mañana el hotel. Las otras 17 han rechazado el dinero porque lo creen insuficiente y, además, denuncian que no ha habido tiempo material para buscar un alojamiento alternativo. Tienen pensado atrincherarse o, al menos, protestar, e incluso regresar a sus antiguas viviendas bajo su propia responsabilidad. El descontento es palpable y este miércoles se han concentrado ante el edificio consistorial en Basauri. «Alcalde, qué pasa, que tú ya tienes casa», han clamado.
Están siendo apoyados por el sindicato de vivienda Batu. «No tenemos dónde ir», explican. Advierten que quedan en una situación de extrema vulnerabilidad, ya que entre los afectados también hay niños. Según han explicado, algunos han visitado varias inmobiliarias. La realidad que se han topado es que apenas hay oferta de pisos en alquiler y los que están disponibles cuestan 900 euros mensuales. Además, les piden dos meses de fianza y un aval bancario de 14.000 euros.
«Entre los afectados hay un señor de 84 años, una mujer que cobra una pensión contributiva de 500 euros al mes, gente que sigue pagando la hipoteca... ¿Cómo van a poder también vivir de alquiler?», asegura la madre de uno de los afectados. Los residentes explican que «nos han quemado la casa, y encima ahora nos quedamos en la calle sin soluciones. Nos dijeron que estaban buscando pisos de alquiler social, ahora que nos busquemos la vida», critican.
Los residentes explican que el Ayuntamiento carece de pisos de alquiler social para hacer frente a emergencias como esta, «pese a que está obligado a ello. Del Gobierno vasco nos mandan al Consistorio, que es quien, según nos dice, tiene que solicitar una vivienda para nosotros».
Las autoridades municipales argumentan que según el decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios del sistema vasco de Servicios Sociales, estos vecinos tienen derecho a un realojo en su caso, «temporal y excepcional» por un máximo de cuatro meses en caso de extrema vulnerabilidad. «De forma errónea, parece haberse extendido la creencia de que existe un derecho al realojo cuando esa no es la realidad. Esto es aplicable únicamente cuando las viviendas están incluidas en una actuación urbanística en ejecución». Al no existir parque de pisos públicos, el Ayuntamiento ha optado por alojarles un mes en el hotel y otorgarles 2.640 euros «correspondientes a tres meses de alojamiento, además de ayuda y asesoramiento para tratamitar ayudas e indemnizaciones o buscar piso».
«El Consistorio ha hecho todo lo que está en su mano. Mañana deja de pagarles el hotel y les ofrece una ayuda para buscar un alojamiento transitorio que algunos no están aceptando. Algunos afectados incluso se están negando a hablar con las trabajadoras sociales para que les orienten, asesoren, etc., porque hay que tener en cuenta que esta es una ayuda puntual, pero existen otras de diferentes administraciones a las que pueden acceder si están en una situación de vulnerabilidad. Creemos que están siendo mal asesorados e informados y se están metiendo en un callejón sin salida», advierten fuentes municipales.
Desde Batu ven las cosas de otra manera. «El Ayuntamiento comunicó a las familias afectadas que se haría cargo de conseguir un alojamiento temporal de 4 meses, y ahora ofrece a cada familia un pago único de 2.460 euros. Es imposible encontrar un alojamiento para los próximos tres meses en tan poco tiempo y el dinero que pretenden asignarles no bastaría para sufragar una estancia de dicha duración en los pocos alojamientos que están encontrando. La demanda de los vecinos no es otra que el Ayuntamiento vuelva a su compromiso obligado y se haga cargo del alojamiento de las familias durante los cuatro meses establecidos en un inicio. No quieren dinero, sino techo», apuntan fuentes del sindicato, que ha anunciado, además, que en la protesta convocada este jueves a las 11.00 horas junto al hotel «organizaremos el apoyo popular a los afectados».
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