«Me okuparon el piso hace un año y dicen que me ponga como me ponga no se van a ir»

Sin avisar ni nada, los inquilinos abandonaron el piso pero accedieron otros en su lugar. «No sé cuándo han entrado ni cuántos son, pero no pagan y dicen que me ponga como me ponga no se van a ir», critica la mujer, que denunció en junio del pasado año la situación. Fue entonces cuando empezaron los problemas. No solo para Olga, también para la comunidad. Los vecinos y la administradora de fincas se han quejado varias veces de los okupas, que han destrozado la puerta del domicilio, «está inhabilitada, han roto los cristales del portal para poder entrar sin llave»... El pasado fin de semana incluso hubo una «pelea con machetazos» y tuvo que intervenir la Policía. «Pero la comunidad no se atreve a denunciar por miedo, así que estoy sola frente a todo», alega Díez.

Ante la Policía los okupas han argumentado que «pagan un alquiler –no a la propietaria– y que tienen llaves del piso». No obstante, Olga se pregunta que «si ese fuera el caso, ¿por qué han destrozado la puerta de la casa y rompen los cristales de la del portal para poder entrar?». La situación también afecta a su bolsillo. Y es que Díez afronta todos los pagos que los okupas eluden. Casi 200 euros de agua cada dos meses, 100 de la comunidad, más el coste de los abogados, además de los 12.600 en total no abonados del alquiler desde hace dieciocho meses; una suma esta última que Olga aprovechaba para pagar el préstamo hipotecario. El montante asciende a «20.000 euros perdidos».

La preocupación por verse envuelta en todo este proceso le ha afectado física y moralmente a esta vecina de Portugalete. «No duermo, no como, me estoy medicando... He hecho todo lo que podía hacer, ya no puedo más», afirma con impotencia la propietaria, quien expresa su «decepción» por las instituciones, «que se pasan la pelota y no ayudan nada, solo me dicen que pida un abogado».

Olga esperaba ver una luz al final del túnel este martes, cuando iba a tener lugar el lanzamiento definitivo tras más de un año de lucha, pero no pudo dar carpetazo a la situación. Debido a la falta de una patrulla libre de la Ertzaintza –debe estar presente por cuestiones de seguridad–, la jueza no pudo acudir, por lo que se canceló el desalojo. «Estaba con la abogada, la procuradora, el cerrajero... Todos esperando. Se llamó a la Policía Municipal pero tampoco vinieron», relata la propietaria.

A Olga no le queda más opción que esperar a que le den otra fecha. «A saber cuándo, quizás tengo que esperar seis meses más u otro año», añade la mujer, que señala que el dispositivo se podría haber organizado y previsto mejor, ya que la fecha del lanzamiento «lleva puesta dos meses». «Encima que las cosas van despacio, pasa esto», lamenta.