El juzgado rechaza el plan de pagos del Ayuntamiento para abonar la indemnización de Barrikabaso

Parte de los chalés construidos en Barrikabaso. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ
Parte de los chalés construidos en Barrikabaso. / LUIS ÁNGEL GÓMEZ

El Consistorio estudiará ahora cómo hacer frente a los 948.655 euros estipulados por tribunal. La Diputación ingresó ya su parte

TERRY BASTERRA BARRIKA.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de octubre de 2016, en la que se condenaba al Ayuntamiento de Barrika y a la Diputación al pago de 1,52 millones de euros a tres constructoras por la promoción fallida de Barrikabaso en un terreno costero recalificado de forma ilegal, aún colea. La Justicia ha rechazado el plan de pagos aprobado por el Consistorio para hacer frente al abono del 50% de aquella indemnización. La otra mitad -948.655 euros, intereses incluidos- fue ya abonada por la Diputación a primeros de 2017 a las constructoras.

El Ayuntamiento ha decidido no recurrir el último auto del juzgado por el que se rechaza su propuesta para ejecutar aquella sentencia con un pago inicial de 200.000 euros y liquidar el resto mediante cuotas mensuales de 5.836 euros durante 8 años. En lo que no coincidía el Consistorio, y no se recogía en el plan de pagos aprobado, era en los intereses establecidos por la Diputación y que ascendían a 188.000. Esta cantidad se calculó desde el año 2010, según indicó el pasado año el entonces diputado de Transportes, Movilidad y Cohesión del Territorio, Vicente Reyes, quien detalló que existe jurisprudencia que establece que para el cálculo de los intereses «hay que contar desde que se interpone la reclamación (en 2010) hasta que hay sentencia firme».

El Consistorio se encuentra ahora en una situación de incertidumbre. Según apunta el alcalde, el jeltzale Roberto Muñoz, «se van a analizar todas las posibilidades» para dar cumplimiento a la sentencia del TSJPV. Para ello se analizará con los servicios jurídicos qué opción es la más adecuada. Una podría ser elaborar un nuevo plan de pagos, ya que el abono integró de la indemnización en una sola cuota se considera algo «imposible» por el equipo de gobierno de este pequeño ayuntamiento cuyo presupuesto anual asciende a 1,4 millones. El regidor no descarta pedir orientación a la Diputación antes de decidir cómo se afronta el pago.

El Ayuntamiento y el ente foral fueron condenados por la recalificación ilegal de un terreno protegido de la costa -Barrikabaso-Muriola- para permitir la construcción de 85 chalés y 12 VPO, de los cuales 14 ya estaban concluidas y habitadas cuando el Tribunal Supremo anuló en 2009 la modificación urbanística que autorizó estas obras.

El pasado año el pleno municipal aprobó la modificación del planeamiento en la zona de Muriola para poder dar amparo legal a las viviendas ya construidas. Desde entonces sus dueños han ido regularizándolas para obtener, primero, la licencia municipal de habitabilidad, y poder después inscribirlas en el registro de la propiedad.

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