Kontsumobide abrió en 2019 583 expedientes sancionadores

Pérez detalló ayer que se llevaron a cabo 2.980 actuaciones de control, 800 de ellas a iniciativa del instituto. En concreto, puso en marcha investigaciones concretas sobre la información que reciben los consumidores sobre la eficiencia energética de los edificios (96 expedientes sancionadores, 51 ya cerrados con multas) y el etiquetado del pescado fresco (33 penalizaciones). Pese a no llevarse a cabo un control específico como en los casos anteriores, el sector de las telecomunicaciones también registró un elevado número de expedientes: 91, tres veces más que el ejercicio anterior.

La sanción media -hubo más de medio millar- fue de 2.600 euros, al tratarse en su mayoría de infracciones leves, como no contar con hojas de reclamaciones. Sí se detectaron, en banca y telefonía, quince irregularidades graves, de las que seis se cerraron con multas de 60.000 euros.

Aunque los incumplimientos de las empresas con los usuarios no siempre tienen por qué terminar en una sanción. Pérez puso en valor la importancia de la «mediación» a través del Sistema Arbitral de Consumo, al que hay adheridas 15.480 compañías vacas.

En ese sentido, la consejera, que en la presentación del balance estuvo acompañada por Olga Santamaría, directora de Kontsumobide, detalló que el pasado año se recibieron 1.045 solicitudes para intervenir en la resolución de conflictos. De ellas, 283 se cerraron con un acuerdo previo y 456 a través de un laudo arbitral.

La mayoría de las peticiones (678) estuvieron relacionadas con la telefonía. Y es que, año tras año, es el sector que más quejas registra en Kontsumobide, en las 38 OMIC (oficinas municipales de información al consumidor) y en las asociaciones de afectados. En 2019, de hecho, de las 25.869 denuncias realizadas, una cifra similar a la de otros años, más del 36% (9.364) estuvieron relacionadas con las telecomunicaciones. «Se repiten mucho las reclamaciones por la facturación (1.691), el incumplimiento de los contratos (1.227) y el cobro de servicios que no se prestan (445)», explicó la responsable, quien insistió en que ni instituciones ni usuarios «debemos relajarnos, hay que conseguir que estas empresas trabajen bien». Para ello, reforzarán las campañas de inspección, pero también las informativas, centradas en las facturas de telefonía, suministros y electrodomésticos, así como en las ventas a domicilio, en las que «sigue habiendo fraude a las personas mayores». Otros de los sectores a los que prestarán especial atención son las residencias de la tercera edad y la compra de vehículos de segunda mano.