Los jueces del Tribunal Superior ratifican «la ilegalidad» del proyecto de las cinco torres en Durango
El equipo de gobierno de la villa, formado por jeltzales y socialistas, considera que la sentencia no afecta a la recuperación de los terrenos del ferrocarril
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la «ilegalidad» del proyecto de construcción de cinco torres de 18 alturas previstas sobre los terrenos liberados tras el soterramiento del tren hace más de una década en Durango.
El Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, ya anunció en su momento que desechaba la idea de seguir adelante con este proyecto urbanístico. No obstante, Euskal Trenbide Sarea (ETS), dependiente del Gobierno vasco, recurrió el dictamen que el TSJPV ya declaró como ilegal el pasado mes de junio. Con su construcción, el ente autonómico recuperaría los 250 millones de euros que le costó eliminar el tren de la superficie de la villa, actuación realizada a cambio de las plusvalías urbanísticas que se generarían de la construcción de dichas viviendas en pleno centro de la localidad. Formaba parte de la conocida 'Operación Durango' cuyo plan de urbanización de los terrenos liberados fue aprobado por todos los partidos con participación en el Ayuntamiento en 2006
«Ante la información difundida hoy sobre la ratificación de la ilegalidad del Programa de Acción Urbanizadora (PAU) de los terrenos del ferrocarril, el equipo de gobierno subraya que esta decisión no afecta en absoluto al proyecto de recuperación de los terrenos en el que trabaja ya que la sentencia del TSJPV hace referencia al proyecto urbanístico entonces recogido en el PAU», ha explicado el equipo de gobierno formado por PNV y PSE.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha confirmado la sentencia del pasado año que declara ilegal el Programa de Urbanización en terrenos ferroviarios. El fallo lo dio a conocer ayer el grupo independiente Herriaren Eskubidea, formación que en enero de 2019 denunció el PAU a fin de paralizar el controvertido proyecto que contemplaba la construcción de cinco torres de hasta 18 alturas «por las repetidas irregularidades que hemos detectado, irregularidades que podrían derivar en perjuicios económicos para las arcas del Ayuntamiento».
«El TSJPV nos vuelve a dar la razón ratificando la ilegalidad del proyecto de las 5 torres. Además, ha rechazado el recurso de casación que presentaron el PNV y PSOE para seguir adelante con el proyecto original del PERI ferrocarril», confirmó la formación política. El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Bilbao destacó que «la ejecución del PAU –aprobado en 2018 al margen de los estándares de vivienda protegida innovados en 2006– deviene contraria a derecho si no se modifica con carácter puntual y previo el PERI del que depende». Desde la agrupación independiente precisan que la sentencia deja claro que «no debió hacerse así y que, lo que haya que corregirse, debe realizarse mediante una modificación del proyecto». La resolución no es firme y el Ayuntamiento tendrá un mes de plazo para interponer un recurso.
Un plan con 20% más de vivienda protegida
No obstante, jeltzales y socialistas respondieron y recalcaron que actualmente «trabajan de forma continuada en la recuperación y urbanización de dichos terrenos, llegando a alcanzar a finales del pasado año un acuerdo con Euskal Trenbide Sarea». «Sentamos las bases para que Durango recupere los terrenos del ferrocarril y poder urbanizarlos, tal y como se informó en su momento con total transparencia. En este sentido, hemos desarrollado un plan que incorpora un 20% más de vivienda protegida en régimen tasada dentro del ámbito y se consigue preservar el patrimonio histórico de Durango, como el antiguo hospital de San Agustín y Pinondo Etxea, que no se destinarán a alojamientos dotacionales», prosiguieron.
«El equipo de gobierno ha trabajado en el proyecto del PERI Ferrocarril desde el inicio de la legislatura, creando una mesa de trabajo formada por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y con el fin de construir un espacio de trabajo conjunto en la que los partidos puedan aportar propuestas y se informe puntualmente de los avances de la negociación llevada a cabo con Eusko Trenbide Sarea y Gobierno Vasco», reconocieron.
«Pedimos que deje de confundir a la ciudadanía. Quiero recordar que el Ayuntamiento de Durango no se opuso a la apelación de la sentencia presentada por Herriaren Eskubidea, y por lo tanto, tampoco participamos en la casación de la cual habla ahora. Llevamos trabajando en este proyecto desde el primer día de la legislatura, e informando tanto a los partidos como a la ciudadanía de los acuerdos conseguidos con Euskal Trenbide Sarea (ETS)», manifestó la alcaldesa, Mireia Elkoroiribe, (PNV).
La regidora jeltzale recordó que el acuerdo sellado con ETS, recoge mejoras importantes relacionadas con el PERI Ferrocarril, «como la recuperación del edificio equipamental, la incorporación de un 20% más de vivienda protegida o la importante cuantía económica de 3.601.755 euros, para la habilitación de un gran parque de aproximadamente 20.000 metros cuadrados, a expensas de la definición concreta de la ordenación».
Preacuerdo con el Gobierno vasco
Lo cierto es que a este proyecto de las cinco torres siempre le han perseguido diferentes versiones. «La polémica construcción de las cinco torres «ya habíamos dado por concluido hace años», reconoció el representante de la formación independiente, Jorge Varela. De hecho, a finales de 2021 llegaron a un preacuerdo con el Ayuntamiento -con EH Bildu y Herriaren Eskubidea al frente- en el que se «descartaron» las torres. En su lugar se contempla edificar sobre un tercio de los 60.000 metros cuadrados liberados, rebajar la altura prevista en el convenio firmado en 2017 y habilitar más zona verde.
La exalcaldesa Ima Garrastatxu (EH Bildu), ya resaltó en sus redes sociales que «dijimos que el proyecto de las 5 torres de 18 pisos no tenía sentido. La ciudadanía así nos lo trasladó también en la consulta popular. Y ahora lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El preacuerdo alcanzado por el Ayuntamiento y el Gobierno vasco es el único camino que queda por recorrer. Un proyecto verde, justo y más social para nuestro pueblo. Así lo seguiremos defendiendo, ahora, también con el aval de la justicia».
El nuevo equipo de gobierno, que recuperó el Ayuntamiento en junio del pasado año, contempla en este momento la construcción de 420 viviendas (252 viviendas libres y 84 viviendas de social y 84 viviendas de protección tasada) y la construcción de un total de 246 viviendas de protección social de alquiler en 10 años, en los siguientes ámbitos: 23 viviendas de protección social en Faustegoiena; 39 en Birjinoste; 38 en Larrasoloeta; 30 en Iparzabalarra; 50 en Arripausueta; 18 en Kabilduoste y 48 viviendas de protección social en Mikeldi.
