El Gobierno vasco detecta dos fraudes al día por el mal uso de las VPO en Bizkaia
De enero a junio se han descubierto un total de 313 casos irregulares, la mayoría por tener el «piso deshabitado» o por «subarriendos ilegales»
En los seis primeros meses del año, el Gobierno vasco ha detectado un total de 313 casos irregulares en viviendas protegidas, tanto de compra como ... de alquiler. La mayoría son fraudes por hacer un mal uso del piso, como el hecho de que esté vacío o que no se destine a vivienda habitual. Los datos los hizo públicos ayer el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, en una respuesta parlamentaria al Partido Popular. El documento revela que entre enero y junio de 2025, los inspectores del departamento realizaron 2.001 visitas a pisos protegidos. En un 15% de las comprobaciones se halló algún tipo de irregularidad, el porcentaje más alto del conjunto de Euskadi. En Gipuzkoa, las infracciones descienden al 11% (47 de 399 inspecciones) y en Álava, al 5% (74 de 1.305 visitas).
Fuentes del Gobierno autonómico sostienen que las inspecciones se llevan a cabo tanto en VPO de arrendamiento, como de compra, pero matizan que ahora el foco está puesto en «los pisos de propiedad, ya que el control de los alquileres lo dirige Alokabide», la sociedad pública dependiente del departamento. El informe no diferencia los fraudes por régimen de tenencia, pero sí muestra una tendencia al alza. Al menos con cifras a 30 de junio. En todo 2024 se anotaron 434 incidencias. Es decir, 36 irregularidades al mes frente a las 52 contabilizadas en este primer semestre. El Gobierno vasco ya detecta 1,7 acciones fraudulentas al día. Con estos datos sobre la mesa, y si la tendencia se mantiene estable, todo hace pensar que a final de 2025, el número será bastante mayor que el del año pasado.
¿Y por qué se comenten más irregularidades ahora que hace un año? Las mismas fuentes señalan que el mercado de la vivienda, «incluyendo el de alquiler, está muy tensionado y eso puede explicar que aumenten las incidencias previas», lo que deja entrever que los beneficiarios de VPO aprovechan los altos precios y la alta rentabilidad de la vivienda para sacar beneficio de sus pisos.
Pero que los servicios de inspección logren pillar in fraganti un fraude no significa necesariamente que el propietario o inquilino del piso vaya a tener que pagar una multa. De hecho, de los más de 300 casos, tan solo se abrió un expediente sancionador a 18 adjudicatarios y únicamente 10 acabaron pagando una multa. Los motivos principales por los que el Departamento de Vivienda alegó los fraudes fueron que el piso estuviese «deshabitado», y, por tanto, que el adjudicatario no resida en ella, o haber comprobado que existe un «subarriendo ilegal». El resto de incidentes se subsanaron. El departamento detalla que los incumplimientos son «indiciarios y los inspeccionados pueden alegar y echar atrás esas presunciones». En el caso de las viviendas vacías los inquilinos pueden «justificar que están trabajando fuera o que no residen por motivos de salud o dependencia», sostienen las mismas fuentes.
Multas en ocho municipios
Bizkaia es el único territorio en el que beneficiarios de un piso público tuvieron que afrontar una sanción económica por su mala acción. El Gobierno vasco recaudó un total de 18.780 euros por infracciones. En Bilbao, cinco adjudicatarios tuvieron que pagar cerca de 9.780 euros a la administración. También dos residentes de Santurtzi han hecho frente estos meses a 3.600 euros por triquiñuelas, al igual que otro beneficiario de Arrigorriaga. Son ocho los municipios en los que los inspectores han interpuesto medidas económicas por una errónea utilización del piso.
La diferencia respecto al resto de territorios, en relación a las sanciones, es significativa. En Álava se han abierto cinco expedientes, pero que no conllevaron multa. En Gipuzkoa, el Gobierno vasco no llegó a abrir ningún recurso sancionador.
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