Los expedientes sancionadores abiertos a viviendas turísticas se triplican en Bizkaia

En Bizkaia hay un total de 2.275 viviendas turísticas, con casi la mitad de ellas ubicadas en Bilbao. Su cantidad prácticamente se ha duplicado desde el final de la pandemia. El aluvión de visitantes ha motivado a miles de vizcaínos a lanzar al mercado una habitación en su domicilio u ofrecer su segunda residencia para el alquiler habitual con fines turísticos, vacaciones o de ocio.

Sin embargo, para ofrecer este tipo de alojamientos es necesario pasar un proceso administrativo escrupuloso. Estas viviendas deben estar inscritas en un registro específico y cumplir unos requisitos claros de urbanismo, seguridad e higiene. Estos criterios exigidos por la normativa autonómicas son, a priori, los más sencillos de superar. La cuestión se complica cuando llegan las ordenanzas municipales. que habitúan a ser más restrictivas. En Bilbao, por ejemplo, solo pueden entrar en el mercado aquellos pisos ubicados en las primeras plantas de los edificios.

Pues bien, la proliferación de viviendas turísticas ha aumentado casi a la par que lo ha hecho el número de vascos que han apostado por recurrir a la picaresca y saltarse la normativa. Esta situación ha provocado que Bizkaia cerrara el año pasado con 355 inspecciones y 154 propuestas de sanción abiertas, lo que supone multiplicar casi por tres los expedientes sancionadores iniciados un año antes.

El aumento de la oferta del último año (un 52%) ha sido más moderado que la cantidad de expedientes sancionadores abiertos (el cambio porcentual ha sido del 156%). Esto se debe a la campaña de refuerzo sobre el control de viviendas y habitaciones de uso turístico lanzada por la Dirección de Turismo entre finales de junio y el 31 de diciembre. Fuentes del departamento liderado por Javier Hurtado explican que fortalecieron las inspecciones realizadas en ese periodo ya es cuando había más recursos disponibles, pues «durante la pandemia se centraron en la gestión de las ayudas». Así, mientras 2022 fue el curso en el que se recuperó la afluencia de visitantes, el año pasado fue el momento de centrar los esfuerzos en conseguir una foto fidedigna de la situación de las viviendas turísitcas en el territorio

Fuentes de la consejería de Turismo explican que el mayor número de sanciones viene motivada por la ausencia del distintitivo obligatorio que indica que la vivienda está destinada al alojamiento de turistas. Esta debe colocarse tanto en el portal del edificio como en la puerta del apartamento concreto. No hacerlo conlleva una falta leve, a la que le corresponde una sanción que puede ascender hasta los 10.000 euros.

Este tipo de infracciones son las más sencillas de controlar, ya que solo implican que un inspector se desplace hasta el lugar en el que está ubicada la vivienda y compruebe si el tiene visible el distintivo pertinente. El quebradero de cabeza llega cuando se quiere intervenir un apartamento que no está dado de alta como turístico o que al publicitarse en las plaformas no muestra su número de registro.

Los inspectores del Gobierno vasco se encargan de perseguir de forma rutinara este tipo de fraudes, que van más allá del simple olvido de colocar la plata de identificación turística. Si un piso no se publicita con su número identificativo, por mucho que esté dado de alta en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Euskadi (Reate) se considera sanción grave y puede ser multado con hasta 100.000 euros. En cambio, en el caso de que no estar inscrito en el sistema, la infracción pasa a ser muy grave y la cuantía máxima de la sanción podría elevarse hasta los 600.000 euros.

Sin embargo, fuentes del departamento de Turismo reconocen que el proceso para identificar los pisos que se saltan la legislación es «muy complicado», ya que estas viviendas no anuncian su ubicación exacta en las distintias plataformas en las que se anuncian, sino que se refieren a su emplazamiento en términos generales. Además, portales como Airbnb o Booking no tienen ninguna obligación de compartir estos datos con las administraciones públicas, lo que les supone un auténtico quebradero de cabeza.

El Gobierno vasco espera que los problemas para identificar los pisos turísticos ilegales acaben pronto. Para ello aluden al nuevo reglamento europeo de alquileres de corta duración, que se espera que entre en vigor en dos años y que obligará a las plataformas a compartir datos de las viviendas que se anuncian en ellas como su ubicación o su número en el registro de las administraciones locales. Esto, sin duda, facilitará el control de las actividades clandestinas.

Por el momento, el Ejecutivo autonómico tiene dos vías para realizar un seguimientoo de las actividades ilegales. El primer consiste en la inspección rutinaria. En cambio, la consejería de Turismo también realiza investigaciones 'a demanda' que laciudadanía realiza a través del buzón contra el fraude de apartamentos turísticos. Esta queja puede ser anónima o firma. En esta última situación, a quien la solicita se le informa de cómo acaba el procedimiento.

La consejería de Turismo dedica un total de 15 personas al control de estas actividad. De estos, diez son inspectores que se dedican a monotorizar el cumplimiento de la normativo y cinco son personal jurídico que afronta los procedimientos legales.