Un estudio encargado por el Gobierno vasco revela que la seguridad en el vertedero de Zaldibar «ha empeorado»

El estudio se ha realizado después de que Verter Recycling ofreciera al Gobierno Vasco los terrenos en los que se ubicaba el vertedero como dación en pago de los 28,6 millones de euros que adeuda a la Administración por los costes derivados de la búsqueda de los cuerpos de Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, los dos trabajadores que fallecieron sepultados. La idea de la compañía, en concurso de acreedores y bajo administración judicial, era saldar su deuda con la transmisión de los terrenos para que el Gobierno Vasco pudiera construir ahí un polígono industrial o cualquier otra iniciativa.

«El juez solicitó que analizásemos la potencialidad de desarrollo económico del vertedero, algo que ha quedado descartado», señalan desde Medio Ambiente. Las conclusiones a las que se han llegado es que «estamos por debajo de los niveles de seguridad que exigimos, lo que es grave». «En una estructura así, el mantenimiento tiene que ser constante y eso no lo está haciendo la empresa propietaria», añaden las mismas fuentes, que recuerdan que el terreno «es de titularidad privada», por lo que «le corresponde al administrador concursal o en su caso al juez», instar a Verter a llevar a cabo trabajos urgentes como el sellado definitivo del vertedero.