Dos años de cárcel para un grafitero reincidente por pintar el metro de Bilbao

El fallo del Supremo tiene gran trascendencia. No solo en Bizkaia sino en toda España, ya que es es el segundo caso relacionado con pintadas en trenes que los magistrados del alto tribunal castigan con penas de prisión. El precedente, muy cercano en el tiempo, nos lleva a Barcelona. En julio pasado, seis jóvenes fueron condenados a 15 meses de reclusión por pintar un convoy de los ferrocarriles catalanes. Esta segunda sentencia sobre Metro Bilbao sienta jurisprudencia y marca la línea que los jueces de toda las comunidades autónomas tendrán que seguir a partir de ahora para abordar este tipo de incidentes en los transportes públicos y que pasan a conllevar penas privativas de libertad.

Los hechos juzgados se remontan a la noche del 22 de septiembre de 2019. El acusado, un varón que ahora tiene 27 años, accedió a la estación de Basauri y, en compañía de una mujer que no fue identificada, realizó varias pintadas en la unidad UT505 del suburbano. El tren tuvo que ser retirado de la circulación y sufrió daños en su revestimiento.

Esta es una de las claves del caso. Hasta la fecha, los jueces consideraban que los graffiteros no generaban un menoscabo físico de los vagones sino que provocaban lo que jurídicamente se califica como deslucimiento. Es decir, la pintura vertida se podía eliminar con un lavado y no se producía un perjuicio en la carrocería. Se estimaba que era un delito leve. Y esto es lo que cambia ahora. En el caso denunciado por Metro Bilbao, un experto ha determinado que el perjuicio es mucho mayor que el que se ha estado considerando hasta la fecha.

Afirma el Supremo en su sentencia que «los trenes llevan una protección antigrafiti para que la pintura no llegue a la chapa y el perito señala que al quitar el grafiti con disolventes y darle con un cepillo te llevas la protección anti grafiti que tiene el coche vagón y parte de la pintura». La eliminación de esa protección se entiende ahora que implica un daño físico más allá del mero deslucimiento. Por este motivo, los magistrados encuadran esta conducta en el artículo 263.2.4 del Código Penal, que castiga con una pena de 1 a 3 años el delito agravado de daños contra un bien público, en lugar de considerarlo un delito leve.

En su defensa, la abogada del joven alegó que el perjuicio causado fue de escasa entidad, ya que el ataque con sprays fue valorado en 373 euros. Incluso, critica el uso de pintura antivandálica por parte de Metro Bilbao. «Esa capa anti grafitis no hace su función y, por ser utilizada, el daño causado es mayor que un simple deslucimiento (...) El uso o no por parte de la administración ferroviaria de ese tipo de productos y que ello tenga consecuencia penológica resulta contrario al principio de igualdad y no puede generar resultados adversos al acusado de lo que hubiera sido 'normal' en estos casos», se justifica.

El Supremo rechaza este argumento y resuelve que el daño se produjo y que la legislación no entra a valorar la magnitud del perjuicio sino la conducta, tipificada en el artículo 263.2.4. Por todo ello, confirma la pena de dos años de prisión.