El director de Bilbao Ría 2000 y constructores de Garellano, investigados por supuesta estafa

En este caso, hay unos 120 pisos afectados, pero esta compleja investigación urbanística podría llegar a salpicar a los 607 proyectados en Garellano, según se desprende del auto judicial. Algunos de los compradores mencionan sobrecostes de unos 50.000 euros respecto del precio inicial. Fuentes de Bilbao Ría 2000, en todo caso, mostraron ayer su «total tranquilidad» y afirmaron que no han hecho «nada irregular».

El caso arranca a finales de 2011. Fue entonces cuando Bilbao Ría 2000 adjudicó un contrato a la UTE Dorre Barriak (formada por las tres constructoras investigadas) para la «enajenación de dos lotes de parcelas» para la construcción de las viviendas en Garellano. Bilbao Ría 2000, una sociedad anómima de capital público constituida a partes iguales por la administraciones central y la vasca, suscribió el «contrato de promesa de compra venta» con la UTE por más de 43 millones de euros.

Aquella venta dio oxígeno al organismo, cuya deuda se había disparado con el estallido de la burbuja inmobiliaria. «Nos permitirá seguir haciendo ciudad, poner en el mercado vivienda asequible e ir reduciendo la deuda, que ahora mismo es nuestro principal objetivo», declararon entonces a este diario fuentes del consejo que agrupa a instituciones vascas y el Gobierno central.

Se constituyeron seis cooperativas, cuatro reservadas para viviendas de protección oficial (VPO) y dos para su venta a precio tasado. Fueron estas cooperativas, creadas precisamente para facilitar la adquisición de los pisos a los posibles interesados, las que a su vez compraron los inmuebles a la UTE. En total, estaba previsto construir 607 casas, numerosos locales y plazas de garaje en el marco de una de las principales operaciones urbanísticas de la capital vizcaína. La promoción número 6, la que está siendo investigada, se realizó en régimen de VPO. Es decir, para vecinos que no pudiesen permitirse comprar inmuebles en el mercado libre.

Según las fuentes consultadas por este diario, en diciembre de 2015 el consejo rector de la cooperativa 6 –que había sido constituido en marzo de 2013– informó a los socios de «una serie de sobrecostes» en algunas partidas que iban a incidir en el «precio final» de adjudicación de las VPO. No fue, sin embargo, hasta noviembre de 2016 cuando uno de los vecinos, que había comprado el inmueble años antes, presentó la primera denuncia. Lo hizo a título particular y la dirigió expresamente contra el primer consejo rector de la cooperativa. Les acusaba de cometer delitos societarios y de estafa.

A grandes rasgos, la base de su acusación se sustentaba en el hecho de que se hubiese inflado «a posteriori» el precio de las viviendas cuando en los pliegos incluidos en su contrato se hacía constar de forma «explícita» que los costes de adjudicación se habían establecido «conforme a la normativa aplicable en materia de viviendas de protección oficial» y, además, existía un compromiso de precio cerrado «que no se cumplió».

Esta primera denuncia fue archivada de forma provisional en los juzgados. Pero el cooperativista recurrió y la Audiencia Provincial de Bizkaia dictaminó que se debía seguir con la investigación, que se prolonga ya casi tres años. En un primer momento, se citó a declarar como investigados –la nueva terminología judicial para referirse a los imputados– a los citados tres miembros del consejo rector de la cooperativa, que siguen imputados. También se llamó a declarar a otras personas vinculadas a este organismo, aunque la jueza dictaminó después el sobreseimiento libre de las actuaciones contra estos últimos.

De forma paralela, la magistrada solicitó diversa documentación. Por ejemplo, pidió a Bilbao Ría 2000 que aportase el documento por el que «autorizó o acordó modificar» el precio de compra de las parcelas. A la UTE también le pidió los papeles de los contratos suscritos con la cooperativa.

La titular del juzgado ha emitido ahora un auto judicial en el que detecta, de forma indiciaria, la existencia de diversas «irregularidades» que se relacionan directamente con la «alteración» del precio de la parcela número 6. La jueza advierte también de la existencia de posibles irregularidades en la transferencia a la UTE de cuatro locales de la cooperativa, cuyo precio era además similar al «sobrecoste» fijado para la parcela. La magistrada sostiene esta sospecha porque –según explica en el auto dictado recientemente– estos locales «parecían constituir requisito imprescindible para obtener la explotación» de la estación de Termibus de Garellano. Unos locales y una explotación que recalaron finalmente en la constructora Amenabar.

En definitiva, el juzgado aprecia conductas tendentes «a la obtención de beneficio propio» en lugar de «procurar el beneficio» de los cooperativistas. Por todo ello, considera necesario extender la investigación y que declaren el martes como imputados el director de Bilbao Ría 2000, los responsables de las empresas y el representante de la UTE.