«Estamos tranquilos porque no hemos hecho nada irregular»
Bilbao Ría 2000 espera que la polémica se aclare después de la declaración judicial
«Absoluta tranquilidad». Este es el mensaje que lanzaron ayer fuentes de Bilbao Ría 2000 después de que el Juzgado de Instrucción número 2 de ... Bilbao haya citado a declarar en calidad de imputado a Ángel Nieva, el director del organismo, una sociedad anónima de capital público constituida en 1992 con fondos estatales y vascos a partes iguales, entre cuyos participantes figuran el Ministerio de Fomento, el Gobierno autónomo, la Diputación de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. Nieva ha sido citado a testificar el próximo martes junto al responsable de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dorre Barriak, que conformaron las constructoras Exbasa, Amenabar e Inmogroup y junto a representantes de estas últimas empresas, por la supuesta «alteración» de precios en una de las promociones de Garellano.
Desde Bilbao Ría 2000 reiteraron su «convicción» de que no se ha producido «ninguna actuación irregular» y se mostraron seguros de que el asunto se «aclarará» cuando Nieva declare en el juzgado. «No tiene recorrido judicial», subrayaron.
«Obligaciones»
Por su parte, fuentes de la Unión Temporal de Empresas Dorre Barriak afirmaron que las viviendas que se entregaron a los cooperativistas «cumplen con los precios fijados» en una orden del consejero de Vivienda del Gobierno vasco «sobre determinación de precios máximos de las viviendas de protección oficial». Estos precios –insisten– «fueron previamente revisados y autorizados por la Delegación de Vivienda del Gobierno vasco» en Bizkaia. Además, «todo el proceso de sorteo, adjudicación y entrega» de los pisos estuvo «en todo momento monitorizado por las autoridades competentes (Gobierno vasco, Bilbao Ría 2000, Consejo Superior de Cooperativas de Bizkaia y Ayuntamiento).
Desde la UTE subrayaron que este proceso «cumple expresamente con la normativa autonómica y local vigente». Las viviendas –recalcan fuentes de las constructoras– «fueron definitivamente escrituradas sin variación alguna del precio oficial firmado por todos los cooperativistas y se entregaron antes del plazo fijado para ello». Es decir, dicen que todo se hizo «con escrupuloso cumplimiento de la legislación vigente».
El letrado asesor de la cooperativa también afirmó que emitió un informe en el que defendía la legalidad del proceso de adjudicación de los pisos, cuyo «precio estaba ajustado» a la normativa. Añadió que los cooperativistas eran «conocedores» de sus obligaciones «económico-financieras para con la cooperativa».
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