La Diputación quiere relajar los requisitos de euskera en sus OPE tras las últimas sentencias

El origen de la situación es el recurso presentado por una aspirante en aquellas OPE de hace tres años. Según las bases de ambas promociones, hasta 204 de los 227 puestos de administrativo que se ofrecían tenían algún requerimiento de euskera. Y en los 23 restantes el conocimiento de la lengua se tenía en cuenta como mérito, lo que podía elevar la nota del candidato entre un 5% y un 10%.

Sendos juzgados de Bilbao dieron la razón a la demandante y obligaron a reiniciar los procesos. Entre otras cuestiones, las sentencias reprochaban a la Diputación que excluía de facto a las personas castellanoparlantes y que el porcentaje de plazas con perfil oscilaba entre el 88,6% y el 92,2% en las OPE cuando el Plan de Normalización del Euskera fija en un 47,7% el porcentaje de funcionarios forales que deben acreditar que tienen el conocimiento de euskera exigido para sus funciones.

La Diputación recurrió ambos fallos y en enero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ratificó la primera sentencia. El Gobierno foral defiende que los procesos son legales y que tiene potestad para organizarlos, así que ya ha anunciado que apelará al Supremo. Pero, por si acaso no obtiene el resultado deseado, quiere dotar de seguridad jurídica a las nuevas OPE que va a ir convocando para no poner en riesgo todo el proceso de estabilización de la plantilla. Desde 2021 una ley aprobada por el Congreso obliga a que la interinidad no supere el 8% en las administraciones y casi ninguna cumple.

En el caso de la primera oposición foral que llegará este año plantea cubrir 30 puestos. Un total de 24 son plazas de técnico de Administración General, 4 de técnico de archivo y 2 de técnico de biblioteca. Y lo que la Diputación ha planteado a los sindicatos es «diferir» el perfil lingüístico en la mitad de ellas. Dicho de otro modo, el 50% de las plazas de la OPE saldrían a concurso sin requisito de euskera y sus adjudicatarios, en el caso de que la plaza obligue a acreditar el conocimiento de la lengua, tendrán más tiempo para hacerlo.

La llamada fecha de preceptividad de los puestos de funcionario no coincidirá con la de la oposición como ocurría hasta ahora en la mayor parte de los casos sino que se aplazará 'sine die', al menos hasta que se pronuncie el Supremo y haya una sentencia firme. Además de la primera OPE de 2025, la idea del Gobierno foral es hacer lo mismo con una anunciada el año pasado pero que aún no se ha convocado para cubrir plazas de arquitecto, arquitecto técnico, auxiliar de biblioteca, inspector de tributos, ingeniero técnico forestal, técnico medio de gestión, técnico superior medioambiental y trabajador social.

Queda por ver si el plan para intentar blindar judrídicamente las OPE más inmediatas sale adelante porque los sindicatos mayoritarios en la Diputación no han acogido la propuesta con agrado. En sendos comunicados remitidos a sus afiliados ELA y LAB han rechazado de plano una decisión que la primera central considera «inaceptable» y que la segunda ha tildado como un «ataque a la normalización del euskera» que provoca que «el conocimiento de las dos lenguas oficiales deje de ser un requisito para acceder al empleo público» en la Administración vizcaína. El tercer sindicato con mayor representación es UGT y no ha planteado objeciones a la propuesta.