La Diputación se opone al parque eólico en Argalario por su impacto ambiental «crítico»

El parque eólico 'Iparaixe II' fue planteado hace más de dos años y su tramitación está llegando al momento definitivo. El Departamento de Industria del Gobierno vasco estudia aún las últimas alegaciones presentadas por el Consistorio fabril, y en enero pidió a la Diputación que diera su opinión sobre la posibilidad de levantar los molinos en Argalario. Aunque el Ejecutivo foral es competente en la preservación del medio natural en Bizkaia, en cuestiones como la de las energías renovables funciona únicamente como un órgano consultivo y su opinión no es vinculante.

La reforma de la Ley de Administración Ambiental aprobada por el Parlamento en 2021 faculta al Gobierno vasco a imponer proyectos cuando considere que debe primar el «interés público superior». Y hay urgencia porque otra ley autonómica, la de Transición Energética y Cambio Climático, obliga, en consonancia con los requerimientos de la UE, a acelerar mucho: para 2030 un tercio de la energía utilizada en Euskadi debe estar generada por procesos no contaminantes. Ahora mismo ronda el 10%, uno de los datos más bajos de Europa.

El informe de la Diputación advierte de que el parque eólico tendría un efecto «inasumible» para el alimoche, «no corregible» durante las obras ni los al menos 30 años en los que funcionarán los molinos en una zona de especial afección para una especie cuyo estado de conservación «no es bueno». El Ayuntamiento alertó en sus alegaciones de que el impacto ambiental de 'Iparaixe II' está «infravalorado» en los informes previos.

A finales de 2024 la Diputación también reprochó a los gobiernos central y vasco que la «falta de planificación global» del sector está generando una «proliferación desordenada» de proyectos de renovables en Bizkaia. Hasta una veintena de solicitudes tienen ahora mismo las instituciones sobre la mesa, buena parte de ellas con ubicaciones cercanas en los montes de Las Encartaciones.