Los menas tutelados por la Diputación han pasado de 300 a 600 en poco más de un año

La diputada general, Elixabete Etxanobe, ya advirtió el pasado septiembre durante su discurso en el Pleno de Política General en las Juntas -posiblemente el acto más importante y con mayor resonancia que tiene cada año- de que la situación era insostenible. «Bizkaia no da más de sí», dijo poniendo sobre la mesa una problemática que hasta la fecha el Gobierno foral estaba abordando con total discreción fuera del foco. Al contrario, cualquier alusión a la proliferación de centros era interpretada como un ataque a la privacidad de los chavales.

Etxanobe cambió el paso hace dos meses y su Gobierno dio ayer un salto adelante. Un salto inédito. La portavoz de la Diputación, Leixuri Arrizabalaga, exigió al Ejecutivo central que «controle los flujos» tras asegurar que Bizkaia registra «el mayor ratio de llegadas de la península». También reclamó un reparto de menas «equilibrado y justo», en alusión a las comunidades autónomas que no están acogiendo a chavales en la medida que les corresponde pese a que la ley obliga a ello.

La decisión de la Diputación, y sus mensajes públicos, llegaron apenas unas horas después de que el lehendakari reclamara anteayer al presidente del Gobierno más competencias para controlar la inmigración y, concretamente, «recursos extraordinarios» para atender a los menores extranjeros no acompañados que llegan a Euskadi. Imanol Pradales y Pedro Sánchez se reunieron en La Moncloa y la petición estaba consensuada con las tres diputaciones, aunque la situación es especialmente gravosa en Bizkaia. En lo que depende de las administraciones, el reparto de chavales se hace de forma ponderada entre territorios en función de la población... pero es que la mayoría de menas llegan por su cuenta.

El decreto foral que activa la situación de excepcionalidad entrará en vigor previsiblemente hoy mismo, cuando se publique en el Boletín Oficial de Bizkaia. El texto aprobado por el Consejo de Gobierno faculta a la Diputación a abrir nuevos centros para menas de forma «inmediata». La diferencia con lo que pasaba hasta ahora -en el último año se han puesto en funcionamiento cuatro albergues, el último conocido en Sopuerta- es que el paraguas legal habilita en adelante que se activen residencias exclusivamente para acoger a los menores. Hasta ahora se les viene ofreciendo, además, itinerarios socieducativos para facilitar su integración. El Gobierno foral buscará en su inventario de inmuebles instalaciones «adecuadas» para ser reconvertidas en residencias temporales y contratará personal de apoyo: cuidadores, educadores...

Aunque el grado de ocupación de los centros de menores ronda ahora mismo el 150% -202 chicos más que las plazas existentes-, la Diputación baraja de salida la apertura de un único nuevo centro. Arrizabalaga evitó concretar dónde podría ubicarse el recurso y su capacidad, pero sí explicó que la situación de excepcionalidad que permite su activación tiene un límite de año y medio. A mediados de 2026, como máximo, el Gobierno foral tendrá que reevaluar la situación.

De momento, la Diputación no le ve final a la alerta. «No sabemos cuánto durará», dijo Arrizabalaga antes de asegurar que se volverá a la situación de normalidad cuando el flujo de llegadas «se estabilice». Para ello parece casi obligatorio que el Gobierno central establezca el protocolo de reparto de menas entre comunidades que estuvo negociando, sin éxito, antes del verano con la oposición en el Congreso de los Diputados. La falta de acuerdo provocó quejas hasta del presidente de Canarias. «La situación es estructural, de emergencia humanitaria y no se puede esquivar», auguró ayer la portavoz foral.

Aunque el Ejecutivo vizcaíno nunca ha querido señalar a ningún otro territorio, el lehendakari sí que lo hizo al poco de llegar al cargo. Imanol Pradales puso el ejemplo de La Rioja como opuesto al vasco en lo que se refiere al acogimiento. En enero eran 400 los menores tutelados en Bizkaia, y en verano 550. Los 602 actuales suponen la mayor cifra desde 2018. La diferencia es que la crisis migratoria registrada antes de la pandemia provocó un aluvión puntual de llegadas y no un goteo sostenido durante meses y meses.

Hace apenas unas semanas, durante la presentación de los Presupuestos de la Diputación, la responsable de Acción Social, Amaia Antxustegi, reveló que la apertura de centros de menores durante los últimos meses va a suponer elevar 6 millones la partida destinada a este asunto en 2025. Toda la red de alojamientos del servicio de Infancia requiere ya 71 millones anuales, aunque no se destinan solo a menas. Hay albergues para menores que han tenido que ser alejados de sus familias, para chavales conflictivos y para grandes discapacitados.