La Diputación asiste con servicios y ayudas a más de 34.000 vizcaínos dependientes

Hablamos de vizcaínos que, en diferentes grados, tienen reconocida una dependencia por parte de la entidad foral, que concentra el grueso de los servicios sociales. Los ayuntamientos, con la ayuda a domicilio, y el Gobierno vasco, con programas como BetiOn (teleasistencia) complementan la oferta de la Diputación, cuyos servicios de Acción Social tramitan una media de sesenta valoraciones diarias de dependencia, que incluyen nuevas solicitudes de reconocimiento y revisiones de grado.

A cierre del pasado año, de acuerdo a los datos de una información remitida por el área que lidera la diputada Amaia Antxustegi a las Juntas Generales a petición de EH Bildu, este departamento tenía activos 39.869 servicios y prestaciones, 3.300 más que un año antes. Aunque la falta de autonomía no es exclusiva de las personas mayores -2.420 eran niños de 0 a 6 años que usan los servicios de atención temprana-, sí que es el colectivo más numeroso entre quienes necesitan ayuda en su vida diaria. En estos momentos, el 24,3% de la población residente en el territorio tiene más de 65 años, frente al 9,8% de hace cuatro décadas y la proyección que maneja el Instituto Nacional de Estadística es que, para 2039, suponga el 30,5%. De ahí que, en los últimos años, los cuidados, sobre todo los de larga duración, estén ganando cada vez más peso en la agenda política.

Hace poco más de un año, el Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos de las capitales suscribieron el Pacto de País por los Cuidados, un acuerdo en el que se comprometían, entre otras cosas, a reducir el peso de las familias en la atención a las personas dependientes. Llevaban ya años hablando de ello, de transitar hacia un modelo público y comunitario alejado del sistema tradicional que delega la responsabilidad en los allegados.

Ese cambio, en cualquier caso, no es fácil. En primer lugar, porque no hay recursos para todo. La segunda razón, puntualizan portavoces de Acción Social, por el «deseo de permanecer en el hogar» de las «personas en situación de dependencia», algo que aprecian «en los diferentes estudios» que han realizado hasta el momento. De hecho, cada vez son más los hogares que asumen esa tarea. Casi seis de cada diez servicios y ayudas forales corresponden a la Prestación Económica para el Cuidado en el Entorno Familiar (PECEF).

A cierre de 2024, percibían ese ingreso 23.520 vizcaínos, un 11,1% más que un año antes. Los beneficiarios cobran un máximo de 520 euros mensuales y un mínimo de 50, en función del grado de dependencia y de otras variables, como la capacidad económica, si reciben otros subsidios, si acuden a centros de día forales...

En la Diputación están inmersos en la evaluación del primer plan de transición de cuidados de larga duración, puesto en marcha en 2021, de cara a impulsar unos «cuidados más personalizados, con más apoyos y que respondan a las necesidades y deseos» tanto de las personas dependientes como de su entorno. En ese sentido, prosiguen las mismas fuentes, estas prestaciones y servicios -y otros como el respiro de 30 días para familiares- pretenden dar «cauce a esta necesidad y deseo» de estar en casa buscando que «reduzcan y minimicen el impacto de los cuidados en las personas cuidadoras, especialmente en las mujeres».

Un reciente informe del Observatorio de la Dependencia, de la asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, critica precisamente que, a nivel de Euskadi, estos subsidios para cuidado en el domicilio por los allegados aumentaron de forma general un 8,6%, hasta los 37.808. Eso, entienden, es algo «realmente sintomático de la dirección del sistema, que se apoya en el cuidado de familiares en mayor medida que en el incremento de servicios», con un «crecimiento limitado» por ejemplo, en las plazas residenciales.

Los datos del área de Acción Social reflejan que 6.607 usuarios pasaron por las residencias forales el pasado año, un 3% más que en 2023. Por debajo (un 1,8%) aumentaron las prestaciones vinculadas al servicio, 2.102 ayudas para contribuir a los gastos de una estancia permanente o temporal en una residencia privada de las personas que tienen reconocido el derecho a una plaza pública foral y que oscila entre los 178 y los 834 euros.

Las valoraciones de dependencia también aumentaron el pasado año, cuando se emitieron 21.160 resoluciones, en torno a 350 más que en 2023. «Alrededor del 60% dan sin grado o con grado 1», explican los mismos portavoces forales. De acuerdo a los datos, a 5.742 personas no se les reconoció el pasado año la dependencia y 6.766 entraron en la categoría de moderados. Otros 4.742 tenían un grado II, severo, y 3.910 en la categoría III, de grandes dependientes. Destacan en la Diputación el valor que tienen en el apoyo a la permanencia en el hogar servicios como etxeTIC. Se trata de centros de día que pretenden evitar o retrasar el ingreso en una residencia y reducir la sobrecarga de las personas cuidadoras. Hace dos años, los tres espacios abiertos entonces registraron 660 usuarios y en 2024, cuando la cifra de centros ascendió a once, 1.418, mientras que a los servicios habituales de atención diurna acudieron 3.573 personas.