La Diputación abre el grifo a las licencias Uber y concede 26 permisos en solo tres meses
Avisa de que tendrá que tramitar «todas las peticiones» que le lleguen al haber anulado la Justicia las normas que frenaban su expansión
La concesión de licencias VTC se ha disparado en Bizkaia este verano tras años de un férreo bloqueo legal. La tramitación de este tipo de ... permisos, que permiten funcionar a empresas como Uber o Cabify en el área metropolitana de Bilbao, ha comenzado a crecer con fuerza en el territorio desde junio, según datos a los que ha tenido acceso ELCORREO. Este tipo de autorizaciones están pensadas para transportar a pasajeros en vehículos con conductor y llevan años en el punto de mira de los taxistas tradicionales, que acusan a las firmas tecnológicas que las explotan de competencia desleal y de «jugar sucio». Recientemente, una columna de estos profesionales bloquearon el centro de la capital vizcaína para exigir a las administraciones más control en su funcionamiento diario.
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Lo cierto es que, en los últimos tres meses, la Diputación ha concedido 26 licencias de estas características. Y lo más llamativo de todo es que fuentes de la institución foral reconocen que ya no hay cortapisa alguna para su tramitación. El tapón que durante años se estableció en los despachos para evitar la proliferación de las VTCen Bizkaia se ha venido abajo. En gran medida, el motivo hay que buscarlo en una serie de sentencias judiciales favorables a las grandes plataformas digitales que dominan este tipo de transporte. Después de las diferentes anulaciones ordenadas por los tribunales, la expedición de licencias del tipo Uber se rige ahora por unos requisitos establecidos por una ley general para la ordenación del Transporte (LOTT)que se promulgó en 1987 y que se actualizó en 2013, un año antes de la llegada a España de estas compañías. Con posterioridad, el Gobierno de Pedro Sánchez sacó un decreto complementario para intentar poner coto a las VTC. Fue el conocido como 'decreto Ábalos', firmado por el exministro socialista del mismo nombre y que está siendo investigado por corrupción, pero esta norma ha quedado superada. En la práctica, no hay ya barrera alguna, más allá del propio mercado, para que estas grandes empresas inunden el territorio con sus vehículos.
¿Cuál es la actual situación del sector en Bizkaia? El número de licencias VTC aquí sigue siendo relativamente pequeño si se compara con otras ciudades. A fecha uno de septiembre, operaban en el Gran Bilbao 132 coches que ofrecen este servicio de alquiler con conductor, mientras que permanecían registrados 1.270 taxis de los de toda la vida. En Málaga, por ejemplo, hay 2.774 VTC por 2.752 taxis. El asunto está en que en nuestro territorio el sector tradicional permanece estancado desde hace años, mientras que las licencias Uber han comenzado a crecer con fuerza y no parece que se esté preparando ninguna normativa para detenerlas, al menos a corto y medio plazo.
Los últimos 26 nuevos permisos se concedieron en el transcurso de junio, julio y agosto. Pueden parecer pocos, pero representan el 20% del total de los existentes y el 25% de todos los que la institución foral había aprobado en su historia hasta este verano.
Uber llegó a Bilbao unos meses antes de la pandemia y Cabify en este 2025. Con anterioridad, en el territorio había únicamente 38 coches que ofrecían un servicio de traslados a la carta. Normalmente eran taxistas que habían conseguido fidelizar a determinados clientes potentes, como grandes empresas o ejecutivos, y no necesitaban asociarse con otros profesionales para buscar trabajo o compartir emisora. Podían ir por libre. Las VTC se pensaron precisamente para dar cobertura legal a este tipo de autónomos.
Entre 2019 y 2023 se concedieron en Bizkaia 51 permisos de este tipo (una treintena de ellos en aplicación de diversos procesos judiciales). En los dos últimos años se ha dado el visto bueno a otros 43, entre los que se encuentran los 26 de este verano. A la vista de estos datos, la conclusión que se puede establecer es que la institución foral ha abierto definitivamente el grifo a este negocio, que durante años ha estado estancado en el territorio por el bloqueo de las autoridades, que sentían la presión de las asociaciones de taxistas en las calles.
Pero esta política de contención ha decaído y, ahora mismo, se están tramitando todas las solicitudes que están llegando. ¿Por qué? Porque la Diputación carece de herramientas a su alcance para frenar su expansión. «Hay un vacío legal», admiten fuentes del Departamento de Transportes. «Estamos obligados a cursarlas porque, de lo contrario, estaríamos incumpliendo la ley al tratarse de un proceso reglado».
Vehículos eléctricos
De esta forma, de un tiempo corto a esta parte, toda petición que entra en ventanilla es estudiada y recibe un sello favorable, siempre y cuando cumpla con los requisitos mínimos fijados, que en su mayoría están contenidos en la citada norma aprobada en 1987 y actualizada en 2013. Únicamente un retoque de 2023 obliga a los peticionarios a contar con coches de cero emisiones (eléctricos, híbridos enchufables o de hidrógeno) para adaptarse a las zonas en las que se quiere mitigar la contaminación.
Ahora mismo, la institución foral no puede agarrarse a ningún precepto legal para contener esta avalancha. Sobre todo desde que en 2023, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anulara la norma que establecía un ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis. En el territorio hay 132 VTC por 1.270 taxis. Es decir, un permiso Uber/Cabify cada nueve. Antes de 2023, la proporción era de 1 a 15.
Y en materia legislativa tampoco hay nada en perspectiva. Así lo aseguran fuentes del Gobierno vasco. El Ejecutivo autonómico trató de poner pie en pared con respecto a las VTC en diciembre de 2019, cuando el Ejecutivo central dejó libertad a las autonomías para regular la concesión de las licencias mediante un decreto firmado entonces por Arantza Tapia. Los jueces suspendieron de manera cautelar los dos artículos más polémicos, a petición de Uber: los que hacían referencia a la precontratación (reservar el coche con un mínimo de 30 minutos de antelación por parte del cliente) y a la prohibición de usar la geolocalización, lo que en la práctica impedía operar a esta plataforma. Se abrió entonces una batalla legal, que la empresa tecnológica acabó ganando definitivamente hace dos años.
Ahora, la Diputación está obligada a tramitar (y autorizar si se satisfacen los requisitos) en un plazo máximo de cinco meses. Con todo, en los últimos tres años ha habido 520 peticiones que se han denegado por defectos de forma o porque no se cumplen las condiciones estipuladas.
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