Ecologistas recurren a la Audiencia Nacional para frenar el Guggenheim en Urdaibai

La asociación ecologista Zain Dezagun Urdaibai ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para exigir que se declare la extinción de la concesión administrativa de Astilleros de Murueta, que caducó hace más de 75 años. A pesar de ello, la empresa sigue ocupando terrenos de dominio público marítimo-terrestre en una zona de especial protección ambiental sin que la Administración haya tomado medidas al respecto. Estos terrenos, expirada la concesión, son claves en los planes de construcción de una de las sedes del Guggenheim en terrenos de la Reserva de la Biosfera (la otra se proyecta en la antigua fábrica de cubiertos Dalia, en Gernika).

«Desde 2023, hemos solicitado hasta en tres ocasiones a la Demarcación de Costas que declare oficialmente la caducidad de la concesión, pero no hemos obtenido respuesta», critican desde Zain Dezagun Urdaibai. El recurso, «basado en la Ley de Costas», busca que la Administración exija a la empresa la restitución del espacio, «retirando las instalaciones y asumiendo los costos de descontaminación y recuperación del terreno», detallan. La concesión «otorgada en 1943», recuerdan los ecologistas, «prohíbe cualquier uso distinto al original», lo que refuerza su oposición al proyecto del Guggenheim.

El conflicto se enmarca en la polémica expansión del Museo Guggenheim, un proyecto que desde su anuncio despertó una fuerte oposición social y ecologista. Precisamente, el lehendakari Imanol Pradales defendió el miércoles el plan ante la directora de la Fundación Solomon Guggenheim, Mariët Westermann, a la que aseguró que el proceso será «absolutamente respetuoso con la viabilidad medioambiental». Sin embargo, colectivos como Zain Dezagun Urdaibai y la plataforma Guggenheim Urdaibai Stop acusan a las instituciones de «facilitar la construcción del museo en terrenos protegidos».

Aparte del recurso judicial, Zain Dezagun Urdaibai ha enviado también una carta a Mariët Westermann instándole a desvincularse del proyecto. En la misiva, los ecologistas alertan sobre el «grave» impacto ambiental que tendría la construcción del museo en una zona incluida en la Red Natura 2000, protegida por convenios internacionales como Ramsar. Además, recuerdan que la concesión del astillero «está caducada» y que los terrenos deben ser «restaurados, no reutilizados para un museo». Subrayan también la firme oposición social al proyecto, respaldada por otras organizaciones internacionales como Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife, así como por «miles de ciudadanos que han firmado peticiones en su contra».

El Gobierno vasco y la Diputación acordaron recientemente ampliar el plazo para tomar una decisión definitiva sobre el futuro del proyecto, para lo que dejaron en suspenso la resolución final (inicialmente prevista para este año). La nueva fecha límite para esclarecer si el proyecto continuará adelante o sufrirá modificaciones será 2026.

El aplazamiento, no obstante, genera incertidumbre en la comarca, donde los colectivos contrarios al plan van a proseguir con sus movilizaciones. De hecho, las instituciones continúan con las labores medioambientales y administrativas previas que permitan avanzar en la planificación del Guggenheim en la única Reserva de la Biosfera de Euskadi.

En un intento de buscar el consenso social, tanto el Ejecutivo autonómico como la Administración foral han encargado a la Fundación Agirre Lehendakaria Center y a la Universidad de Columbia de Nueva York que lleven a cabo un proceso de consulta y escucha en la comarca de Busturialdea, donde la oposición al proyecto es especialmente fuerte. Este proceso se extenderá hasta el año que viene y tiene por objeto recabar la opinión de los vecinos de Urdaibai y sus alrededores sobre el impacto que el proyecto del Guggenheim tendría en este espacio protegido.

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