Las clarisas advierten a las monjas rebeldes de que están fuera de la orden

«Manifestamos nuestra disponibilidad para acogerlas nuevamente, con el mismo cariño con el que se las recibió el día de su Profesión», señaló la orden en un comunicado, tras lamentar que el episodio ha provocado «un profundo dolor y consternación y ha supuesto un escándalo para muchos». «La fidelidad a nuestra Forma de Vida supone la comunión con el Magisterio de la Iglesia, de la cual profesamos que es una, santa, católica y apostólica. No se puede ser clarisa fuera de esta obediencia», afirman las superioras. El texto termina con un mensaje directo a las monjas atrincheradas en el convento de Belorado, donde conviven con el 'obispo' excomulgado Pablo de Rojas. «Os pedimos que os dejéis reconciliar con Dios y que volváis al seno de la Iglesia».

La cuestión de si las monjas díscolas siguen o no siendo clarisas no es baladí. Está en juego la titularidad de los conventos de Derio, Orduña y Belorado (Burgos). Las religiosas rebeldes consideran que ya no se deben a las normas del Vaticano, por lo que podrían vender cualquiera de los inmuebles en función de sus intereses. En cambio, la Iglesia considera que, al dejar la orden, pierden todo derecho. Los arzobispados de Burgos y Vitoria ya estudian la situación jurídica.

En este contexto, la Confederación de Clarisas de España y Portugal elevó ayer la presión sobre las monjas rebeldes con su comunicado. Se trata de un paso más en el camino iniciado por la propia Conferencia Episcopal la semana pasada, que llamó a las religiosas a deponer «su actitud de desobediencia» y tildó la Pía Unión de San Pablo de «secta».

Por otro lado, la Junta de Castilla y León planteó ayer sancionar a las monjas sedevacantistas con hasta 60.000 euros por una infracción grave por haber montado un criadero de perros en el convento de Belorado. La instalación no cuenta con la debida autorización como núcleo zoológico. La multa tiene como origen una investigación de la Guardia Civil. En febrero de 2023 el Seprona llevó a cabo una inspección del lugar a raíz de varias denuncias debido a las molestias que ocasionaban los ladridos de los animales. Los agentes certificaron el buen estado de los perros pero detectaron irregularidades de carácter documental.

La Delegación Territorial de la Junta ha finalizado la tramitación del expediente con una propuesta de multa que oscila entre 3.000 y 60.000 euros. El proceso se encuentra ahora en fase de alegaciones. Además, el Ayuntamiento de la localidad burgalesa podría cerrar el criadero, ya que se trata de una actividad incompatible con los usos urbanísticos, tal y como certificó un técnico municipal.