El calvario de los afectados de Dentix

«Dejar a 100.000 personas tiradas en este país parece que no importa», censura Alex Cerdeño, responsable de la plataforma que reúne a 220 afectados en Bizkaia. En su caso, demandó a la financiera que le concedió el pago a plazos (Dentix trabajaba con cuatro compañías) y le devolvieron 700 euros. Cada vez son más quienes toman la vía de denunciar a las entidades de crédito, y están logrando sentencias favorables. «Nuestro abogado ya ha resuelto 23», asegura Cerdeño.

Sin embargo, según lamenta otra afectada, «no todo el mundo se lo puede permitir». «Si no tienen dinero para pagar otro dentista, menos para un letrado», resume. Ella, la llamaremos Marian González -no quiere dar su nombre por la «vergüenza» de haber perdido 8.000 euros-, encaró la factura al contado. Pese a ello, el Administrador Concursal le ha reconocido una deuda por el importe que abonó al apreciar «mala praxis» por parte de la cadena, que, además, le perforó la lengua. Pero, para llegar hasta ahí, tuvo que contratar a un perito y un letrado. «He renunciado a comprarme un piso para hacer frente a los gastos legales y ni siquiera puedo terminar el tratamiento en otra clínica», confiesa.

Su situación, como la de muchos otros vizcaínos, es «muy mala». «No puedo masticar, me quitaron seis piezas dentales y me está afectando a los huesos, porque hay una conexión de los dientes con el resto del cuerpo -explica-. Vas a hacerte una cosa, sales peor y encima se quedan tu dinero, te roban».

González dice ser consciente de que, de no intervenir la Justicia, «nadie verá un duro». «El Gobierno aprobó un decreto en mayo de 2020 que pone a los clientes los últimos de la cola en los concursos de acreedores», recuerda. Estos procesos se pueden prolongar incluso más de cinco años. El de Dentix va ya por el tercero.

En febrero de 2021, previa autorización judicial, su administrador vendió 76 clínicas a Advent International (Vitaldent), nueve de ellas en el País Vasco. La nueva cadena se comprometió a terminar 110.000 tratamientos pendientes en toda España. «Están atendiendo a algunas personas, que siguen pagando a las financieras, aunque en cada clínica y cada caso lo hacen de una manera diferente», asegura Cerdeño. Quienes abonaron las intervenciones al contado, por ejemplo, tienen derecho a una «oferta especial», pero la compañía no asume la deuda.

Los afectados, pasados casi cuatro años desde que la firma comenzó a dar síntomas de que las cosas iban mal, se sienten «indefensos». «He escrito al Defensor del Pueblo, a la ministra de Sanidad... y nadie hace nada», se duele González. Pedro Zuazo, el marido de Milagros Loroño y quien se encarga de los trámites, también está «molesto» con la falta de «información» y de «colaboración». «Kontsumobide archivó nuestra petición; es lo que más rabia me da, porque tendrían que defendernos», critica. Y Cerdeño sentencia: «La legislación permite hacer a este tipo de clínicas lo que quieran». De hecho, Facua, la organización de consumidores, reclamó tras el abrupto cierre de iDental, dos años antes que Dentix, la modificación de la ley para obligar a estos centros a contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo en caso de quiebra.