Bilbao ya ha gastado 4,7 millones en la zona de bajas emisiones que estrenará en 2024

En concreto, son 4.671.920, según la respuesta del gobierno municipal a una pregunta del PP. «Ha sido una sorpresa no tanto la cuantía como la naturaleza de los contratos, porque no entendemos como ciertas funciones se externalizan y no son desarrolladas por el propio personal del Ayuntamiento», censura la portavoz popular en el Consistorio, Esther Martínez.

La partida más abultada es la que tiene que ver con el sistema de control de la ZBE. Se trata, según apuntan desde la concejalía liderada por la socialista Nora Abete, de las cámaras y el software con los que se vigilarán las entradas en la zona restringida, que se corresponde más o menos con los barrios de Abando e Indautxu. Son dos decenas de dispositivos que leerán las matrículas de los vehículos que accedan para cercionarse de que reúnen las condiciones para hacerlo o tienen la autorización pertinente. Quienes que entren de manera irregular serán multados con 200 euros. Pues bien, estas cámaras y el sistema con el que funcionarán han costado algo más de tres millones de euros (3,075).

La segunda inversión de mayor cuantía es el «sistema de monitorización ambiental», por el que el Ayuntamiento ha abonado 1,34 millones. Se trata, explican desde el área de Movilidad y Sostenibilidad, de los medidores de contaminación. No hay que perder de vista que el objetivo de la zona de bajas emisiones es contener la contaminación y mejorar la calidad del aire en el centro de Bilbao, y para conocer el impacto de la medida hay que saber cómo de limpio está antes y después de su implantación.

También se han gastado 119.500 euros en un plan de comunicación que incluye, según los mismos medios oficiales, desde las webs informativas hasta las campañas de sensibilización e información para la ciudadanía. Hay otros 68.113 euros destinados al «estudio de caracterización», que fue el que analizó los coches que circulan por la ciudad y su nivel de contaminación en función de su distintivo ambiental. Es este informe en el que se basó el Ayuntamiento para decidir que las restricciones van a afectar, cuando el sistema este plenamente implantado, a todos los vehículos que no tengan etiqueta C, ECO o 0; es decir, a la mitad de los que ahora circulan por la ciudad. Y se han destinado 41.975 euros más a los servidores que acogerán los datos de la ZBE en Bilbaotik, el 'brazo tecnológico' del Ayuntamiento.

Por último, hay dos contratos menores para los que no es necesaria licitación pública (son aquellos que tienen una cuantía inferior a 15.000 euros): el primero, de 14.750 euros «de consultoría para la redacción de la ordenanza». Desde el área de Movilidad explican que se trata de que el texto legal que regula la ZBE esté bien limado, sin fallos que puedan generar complicaciones en el futuro. El segundo contrato, de 9.000 euros, fue para llevar a cabo el «informe de evaluación previa de impacto de género», que en el equipo de gobierno aseguran que es un requisito necesario en todas las ordenanzas municipales.

Para la portavoz del PP «los contratos menores tienen poca justificación. ¿No se pueden hacer esos trabajos, la redacción de la ordenanza y la evaluación de impacto de género, con personal del propio Ayuntamiento?». Esther Martínez también cuestiona que el estudio de caracterización del tráfico se haya llevado a cabo «durante 19 días de julio, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, cuando la ZBE va a funcionar de 7 de la mañana a 8 de la noche». Considera también que julio no es el mes más representativo para llevar a cabo un análisis de este tipo.