Magdalena Álvarez deja la vicepresidencia del BEI para evitar una destitución

Apenas un mes antes de que el consejo de administración del Banco Europeo de Inversiones (BEI) votara si la destituía como vicepresidenta por vulnerar el Código Ético de la entidad, Magdalena Álvarez ha anunciado hoy que presentará su dimisión. La exministra de Fomento se ha visto forzada a renunciar a un cargo al que se había aferrado pese a estar imputada por la juez Mercedes Alaya por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación en el caso de los ERE falsos de Andalucía, uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia, durante su etapa como consejera de Economía y Hacienda de la Junta. La instructora del sumario, avalada por la Audiencia de Sevilla, tiene fundadas sospechas de que la dirigente del PSOE participó en el diseño de un sistema ilegal para favorecer el masivo desvío a manos privadas de dinero destinado al fomento del empleo.

Magdalena Álvarez ha dado marcha atrás al hacerse insostenible su situación en el BEI, después de que el Gobierno español exigiera su relevo y de que el propio banco activara los resortes para destituirla. El asunto iba a ser debatido en el consejo de administración previsto para el 22 de julio en Luxemburgo. La ofensiva del Ejecutivo del PP para que cesara en sus funciones se ha sumado a la palpable incomodidad del PSOE con este asunto, que desde la imputación de la exministra ha evitado salir en su defensa. Su permanencia en el puesto suponía, además, un lastre para los socialistas, que no dudan en exigir a otros partidos el relevo fulminante de cargos investigados por la Justicia.

La exresponsable de Fomento con Zapatero se ha esforzado en desvincular su anunciada dimisión, a la que hasta ahora se había resistido contra viento y marea , y su imputación en el escándalo de los ERE. "Dimito no porque este imputada, sino porque (el presidente) Rajoy y (el ministro de Economía) De Guindos quieren poner a otra persona de su confianza", ha declarado. "No vale la pena mantenerme en un puesto al que tengo derecho, pero en el que quieren poner a otra persona".

Las justificaciones que ha esgrimido en los últimos meses para mantenerse en la vicepresidencia del BEI han sido derribadas, una a una, con el paso del tiempo. En un primer momento, Álvarez se había negado a cesar en sus funciones porque la instructora del caso no la había imputado. Cuando lo hizo por los presuntos delitos de malversación y prevaricación, alegó que esa medida no era firme, anunció un recurso y se declaró convencida de que la Audiencia de Sevilla le daría la razón. Cuando los superiores de la juez Alaya apoyaron el auto judicial al observar indicios de que la dirigente del PSOE podía estar implicada en el escándalo, intentó ganar tiempo a la desesperada. El consejo de administración del banco estudió el 4 de junio los riesgos de reputación que el caso suponía para la entidad, pero aplazó un pronunciamiento definitivo. Sin apoyos del Gobierno -fue nombrada para el puesto en el mandato de Zapatero- ni en su propio partido, ha optado por cesar en sus funciones ante el riesgo de ser destituida en apenas un mes.

El Comité de Ética del BEI ya estaba analizando si su imputación era compatible con su permanencia en el cargo. La entidad se toma muy en serio las acusaciones en relación con el uso indebido de fondos que pesan sobre Álvarez, llegó a proclamar en un comunicado.

La exministra de Zapatero, cuyo mandato finalizaba en 2016, cobra 22.963 euros mensuales, más otros 991 en gastos de representación y dietas por residencia equivalentes al 15% de su salario. Esa cifra triplica con holgura los ingresos del presidente del Gobierno.