7 voluntarias de la perrera municipal de Vitoria denuncian mobbing y abusos sexuales «desde 2018»

La queja habla de «trato vejatorio y abuso de poder» del trabajador con cada una de las siete voluntarias. Consideran que, desde 2018, este empleado exhibió un presunto comportamiento «obsesivo y obsesionado» hacia cada una de ellas. Con cuatro de ellas supuestamente protagonizó episodios de índole sexual. Ninguna ha acudido todavía al Palacio de Justicia o la Policía.

Cita el escrito, registrado el 20 de mayo, «insinuaciones sexuales directas, soplidos en la nuca, tocamientos de los lóbulos y manos o partes íntimas, intentos de levantarles la camiseta, agarrarlas por la cintura e incluso besos». Alguna relata que la encerró en una habitación. Por separado, las víctimas informaron a la dirección del centro animal de estos incidentes. Poco después del escrito, el sospechoso fue derivado a otra instalación municipal.

Preguntado por este asunto, el Gabinete Urtaran reconoció la existencia de la queja formal. «La labor que corresponde al departamento de Recursos Humanos es comprobar la veracidad de lo que allí se afirma. Para ello se han abierto diligencias previas; es decir, que nos encontramos en la fase de investigación preliminar para corroborar lo que se afirma, investigación que puede desembocar o no en la apertura de un expediente al trabajador», enumera un portavoz oficial. «Dentro de esta investigación se ha citado a declarar a las personas que suscriben el escrito recibido, pero hasta la fecha no han querido comparecer», concreta.

El traslado «provisional» del trabajador señalado responde a una medida preventiva. «Se tomó hace dos semanas, días después de recibir el escrito. Es decir, con celeridad máxima aunque sin prejuzgar si lo denunciado es o no cierto».

Sorprende que este caso no haya llegado a los tribunales o a ninguna comisaría. Desde el Gabinete Urtaran indican que «si como Ayuntamiento apreciamos un delito perseguible de oficio, por supuesto que lo denunciaríamos. Los servicios jurídicos ya tienen constancia del escrito. De todos modos, lo lógico es que a la justicia ordinaria acudan los denunciantes, si se consideran víctimas de delito».

¿Por qué no lo han hecho todavía?Desde su entorno alegan que «primero consideramos más apropiada la vía administrativa, que es más rápida a la hora de adoptar medidas cautelares», en referencia al traslado del sospechoso. El carácter retraído de algunas voluntarias y el sentimiento de culpa –desgraciadamente muy extendido entre este tipo de víctimas– podría explicar también que el caso siga fuera de la vía penal.

«Todas pensaban que eran la única a la que les pasaba, porque esos episodios se sucedían casi siempre sin testigos», apostillan fuentes conocedoras del caso. Un extrabajador del centro sí alertó a la dirección «en septiembre de 2019» de «actuaciones inapropiadas» de este hombre con las voluntarias.

Una derivada del caso sí ha llegado al Palacio de Justicia. Apasos y las 7 voluntarias denunciaron el martes «por prevaricación» al concejal de Función Pública, el jeltzale Iñaki Gurtubai. Entienden que «entorpeció la investigación interna al dejar fuera del proceso a los dos jefes de la perrera que sabían lo que ocurría».