Vitoria paraliza por segunda vez la compra de cámaras para restringir el tráfico

Las cámaras son el elemento fundamental de la zona restringida al tráfico porque controlan cada acceso y alertan de posibles infracciones al momento. Son capaces de leer las matrículas y cotejarlas con el registro que tendrá el Ayuntamiento de los vehículos que estarán autorizados.

El Consistorio paralizó la contratación el pasado febrero y la reanudó en mayo tras modificar los pliegos. Sin embargo, el Ayuntamiento ha tenido que volver a detener el proceso para modificar de nuevo la documentación. En concreto, este contratiempo se debe a una «incoherencia» que presentaba la documentación municipal, según ha admitido el concejal de Tráfico, Iñaki Gurtubai (PNV) a preguntas formuladas por el Óscar Fernández, de Elkarrekin Podemos.

El equipo de gobierno debe tener las cámaras instaladas antes de final de año por dos motivos: para llegar a tiempo a implementar la Zona de Bajas Emisiones y, sobre todo, para no exponerse a perder la partida de fondos europeos. En este sentido, de los 727.500 euros de presupuesto que tiene el contrato (IVA incluido), algo más de medio millón de euros procedía de financiación comunitaria, que marca plazos estrictos. En cualquier caso, Gurtubai confía en que la instalación llegue a tiempo.

El despliegue de la Zona de Bajas Emisiones avanza por varias vías y una de ellas es la presentación de alegaciones. El Ayuntamiento ha recibido dos aportaciones procedentes de cuatro personas, aunque el número no puede darse por cerrado porque algunas pueden registrarse en los próximos días. En cualquier caso, el departamento de Tráfico confía en tener el proyecto «definitivo» en julio y debatir la ordenanza con el resto de los grupos municipales tras el verano.

En paralelo, el Ayuntamiento trabaja en la ampliación de la OTA a Santa Lucía, Arana y Aranbizkarra. La previsión que maneja ahora el Gabinete Etxebarria es que esta extensión, de algo más de 2.000 plazas, llegue a principios de 2025. El siguiente paso será la OTA ambiental, ligada a la Zona de Bajas Emisiones, en 2027. Se trata de establecer una tarifa en función del grado de contaminación de cada vehículo. En este sentido, los eléctricos e híbridos abonarán cerca de la mitad del precio estándar, los vehículos de gasolina matriculados a partir de 2006 y diésel a partir de 2015 (pegatina C) pagarán la tarifa 'normal' y los coches con etiqueta B (gasolina posteriores a 2001 y diésel a partir de 2006) afrontarán un recargo o penalización.

En ese mismo año comenzará a regularse el acceso a la ZBE con los distintivos de la DGT, mientras que en 2030 llegaría la ampliación del área restringida y de la propia OTA ambiental.