Vitoria ayuda a paliar la pobreza en países en desarrollo con 62 millones en 35 años

El Gobierno vasco aprobó en julio el proyecto de Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad con el objetivo de abordar los desafíos globales de manera «más eficaz». La nueva norma, que todavía debe iniciar el trámite parlamentario, sustituirá a la ley actual, que data del año 2007 y ha quedado desfasada por los cambios a nivel mundial, como la emergencia climática o el auge de los fundamentalismos.

El documento, que empezó a redactarse en 2021 cuando la cartera la ocupaba Beatriz Artolazabal, establece que el País Vasco asignará el 0,7% de su Producto Interior Bruto (PIB) a la cooperación al desarrollo. La ley en vigor se ponía como objetivo alcanzar ese porcentaje en el año 2012, pero nunca se cumplió.

Su principal novedad es que regulará la aportación de todos los organismos públicos, y no sólo el Ejecutivo autonómico, hasta alcanzar ese umbral del 0,7%. En concreto, el articulado menciona a las tres diputaciones forales, los ayuntamientos (a través de Eudel y Euskal Fondoa) y la UPV/EHU, además de «cualquier entidad del sector público vasco que realice actuaciones en el ámbito de cooperación. «Queremos poder movilizar todos los recursos solidarios posibles y poner en el centro a las personas y al planeta», subrayó la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa.

Con todo, la vasca es la comunidad que más se acerca al objetivo con un esfuerzo del 0,38%, según los datos de la Coordinadora de ONG para el desarrollo.

Por capitales, Vitoria dio en 1988 un importante salto cualitativo cuando, a propuesta del alcalde José Ángel Cuerda (PNV), se convirtió en la primera ciudad española que destinó el 0,7% a estos planes solidarios. Después le siguió Córdoba. Este porcentaje se incrementó al 1% en 1995 con consenso de todos los grupos y marcó otro hito para que la ciudad siguiese a la vanguardia. Además, con ese mismo espíritu, la Green publicó en 1992 los primeros documentos destinados a orientar y regular su participación en la cooperación al desarrollo (bases que redactó Bilbao y San Sebastián en los años siguientes).

De vuelta con el porcentaje, Bilbao ha rozado en varias ocasiones el umbral del 0,7%, pero nunca lo ha alcanzado, mientras que en Gipuzkoa es Zarautz, y no San Sebastián, el que superó hace una década esa barrera, cuando gobernaba Eusko Alkartasuna (EA) con el PNV. En este último caso, la partida retrocedió leventemente entre 2012 y 2017 y desde 2018 se ha mantenido de nuevo por encima de esa meta.

Precisamente esos recortes también los sufrió la capital alavesa en 2012 con el Gobierno de Javier Maroto (PP). Ocurrió tan sólo dos años después de que se aprobara el primer Plan Director de Cooperación al Desarrollo que marcaba claramente el objetivo del 1% sobre el gasto corriente con participación del Partido Popular como grupo más crítico contra los incumplimientos. La decisión se justificó en su mandato por la crisis. «Con esta incertidumbre económica no podemos gobernar como si no pasara nada. Dijimos que íbamos a tomar decisiones difíciles y duras», zanjó Ainhoa Domaica, la entonces concejala de Asuntos Sociales. En ese momento, se pasó de 2,6 millones de euros a 386.000 (el 0,1%). Bilbao rondó en esa época el 0,6% y Donostia, el 0,48%.

La rebaja en Vitoria duró un año. En 2013, se recuperó el 0,7% con una partida de 2,2 millones de euros, un incremento nada desdeñable que las ONG valoraron en ese momento como «una de las señas de identidad de esta ciudad». Ya con el Gabinete Urtaran en 2016 se rescató la filosofía inicial al dedicar el 1% a cooperación al desarrollo en esa legislatura.

En este ejercicio las arcas municipales han aportado 2,8 millones de euros para ayudar a paliar la pobreza en otros países del mundo, aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de proyectos se subvencionan a lo largo de dos o tres años. Entre ellos, el programa 'Vacaciones en Paz' de acogida de niños saharauis en verano se lleva 17.000 euros, la promoción del comercio justo y del consumo responsable (en manos de las asociaciones Setem, Medicus Mundi y Misiones Diocesanas) obtiene 90.000 euros y la semana de África así como actividades realizadas por asociaciones africanas reciben 20.000 euros.

Más datos reseñables alumbra la última memoria, de 2021, que tiene pública el Ayuntamiento. Hace dos años, cuando el presupuesto se quedó en 1,9 millones de euros, Colombia centralizó el mayor número de ayudas, casi la mitad (el 30,5%) con 480.453 euros. Le siguió El Salvador (con un 14,25% del total), Guinea Conakry (8,6%), Sáhara Occidental, Guatemala y Ecuador. Es decir, frente al 61,96% de América Latina, al total de África se ha destinado el 31,46% de las subvenciones.

En 2022. Se ha construido un sistema de agua para abastecer a unas mil familias de la localidad de Jocoro, departamento de Morazán, en El Salvador. Se les ha formado, además, para evitar un uso irracional del agua.

'Garantizar el acceso educativo a las niñas y niños de Fadi, Madina Taibata y Thialeré' es un proyecto de 2022 de la asociación de Haaly Pular. Se han construido tres escuelas y se ha aprovechado para formar a padres.

En 2023. 100 mujeres y 25 hombres refugiados de Burundi se han beneficiado del proyecto de la Asociación Pax Christi Uvira, aliada con la Africanista Manuel Iradier, para formar sobre el emprendimiento femenino y el derecho a la salud reproductiva.