Varapalo judicial a Competencia por su «desmesurada» sanción a los dentistas

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha propinado un severo varapalo al Consejo Vasco de la Competencia al rebajar de manera más que sustanciosa la sanción de 250.000 euros que este organismo público impuso al Colegio Oficial de Dentistas de Álava por unas declaraciones de su presidenta en EL CORREO, en las que hablaba de la lucha de su colectivo a nivel de todo el Estado contra la publicidad engañosa de algunas empresas dedicadas a la salud bucodental. Competencia condenaba asimismo a la odontóloga a pagar otra multa de 10.000 euros. El alto tribunal vasco considera «injustificada» la sanción a la representante de los dentistas alaveses y la anula; y reduce a 9.000 euros la del colegio al considerar que hay «desmesura» en la planteada por la parte demandada.

La presidenta del Colegio de Dentistas, Carmen Mozas, concedió una entrevista a principios de 2016 a este periódico. En ella hablaba de hábitos higiénicos, de las principales patologías de boca de los pacientes alaveses, de las caries infantiles y de los problemas de su profesión. Sin citar ningún nombre cuestionó algunas prácticas de cadenas de clínicas marquistas y franquicias.

Una firma, Dentix, denunció a Mozas y al Colegio por entender que incumplía el acuerdo alcanzado en 2015, cuando Competencia advirtió a los dentistas alaveses por una campaña publicitaria que, a su juicio, sembraba dudas en la población sobre los servicios prestados por determinadas clínicas dentales. La demandante consideraba que el colegio reincidía y Competencia le dio la razón y sancionó tanto a la presidenta como al órgano colegiado por falta «grave».

Impuso 10.000 euros de multa a Mozas en base a sus ingresos y luego hizo un cálculo de ingreso medio por cada uno de los cerca de 250 colegiados y lo elevó en su conjunto a 50 millones de euros. Así, según el fallo, Competencia se llegó a plantear poner una sanción al colegio de 10 millones de euros que finalmente dejó en 250.000 euros.

El Tribunal Superior, tras estudiar el artículo, contextualiza las declaraciones de Mozas y entiende que hay una «muy básica existencia de infracción». De hecho, los jueces entienden que sus apreciaciones son «muy leves, esporádicas y de escasa trascendencia» dentro del artículo y «no revelan una deliberada campaña». En cualquier caso les parece «injustificado» sancionar a la presidenta por un lado y al colegio por otro. Anulan la multa a Mozas y recalculan la impuesta al colegio en base a los ingresos de este órgano.

Y además, lanza una advertencia a Competencia por su actitud ante los colegios profesionales. «Si se trata de identificar un criterio de proporcionalidad, el indicador deberá consistir en aquel que mida la verdadera capacidad económica anual de esa entidad corporativa pública y no otros que, en la práctica, conlleven más un efecto confiscatorio y desactivador de la vida colegial -que solo la ley regula y puede suprimir- que el aquilatado efecto disuasorio y de prevención especial que legítimamente se puede pretender». El colegio alavés se llegó a plantear su disolución por no poder hacer frente a la cuantiosa multa y al final tuvo que pedir un crédito.

El órgano colegiado se muestra ahora «muy satisfecho» con la sentencia y recuerda que «seguirá trabajando por garantizar la profesionalidad de los dentistas alaveses y la defensa de la salud de sus pacientes». La más aliviada es Carmen Mozas para quien han sido meses «muy duros». Ahora «me siento pletórica, llena de confianza». Anuncia que seguirá luchando para que la ley regule la publicidad engañosa, para que haya números clausus en las facultades, para que los profesionales estén cada día más cualificados, contra el intrusismo y para que todas las clínicas estén dirigidas por especialistas de su disciplina médica.