Urbide, el consorcio de aguas con una dura oposición

La entidad, que llevaba años gestándose, se constituyó el 15 de enero de 2019 con el objetivo de homogeneizar el atomizado abastecimiento del agua en el territorio. Municipios, concejos y cuadrillas se han surtido durante muchos años a través de pequeños o medianos consorcios que se han ocupado de gestionar el servicio. En Vitoria, Amvisa es la encargada de esa labor y las localidades de Rioja Alavesa tienen su propio 'club'. Por tanto, y a excepción de estos dos últimos casos, hablamos, de decenas de 'miniconsorcios' que llevaban -y llevan aún- el líquido elemento a todos los rincones de una provincia en la que tiene una consideración de bien comunal.

«Siempre hemos defendido la necesidad de hacer una gestión eficiente del agua. Unificarla en un servicio público dependiente de Diputación es de sentido común para garantizar el abastecimiento y el saneamiento en condiciones adecuadas y seguir invirtiendo en infraestructuras. Creo que Urbide es la entidad indicada para ello», defiende el procurador socialista Jon Nogales, que reconoce que «se trata un proceso complejo, en el que hace falta mucha pedagogía y mucho diálogo con las entidades locales».

Efectivamente aglutinar tantas sensibilidades y modos de hacer no es sencillo. En un primer momento, la idea solo conquistó a 72 de las más de 300 entidades locales posibles. En los tres años que han pasado desde su nacimiento ha logrado alcanzar las 108 adhesiones. Y es en este punto donde aparece una de las primeras sombras que usuarios y formaciones políticas colocan sobre Urbide. No niegan su legalidad o su objetivo, pero piden más transparencia, entre otras cosas.

«A muchos pueblos gobernados por el PNV les han obligado a entrar. A otros se les niegan las ayuda forales para el mantenimiento de sus redes de abastecimiento si no se integran», denuncia Javier Argote, procurador de EH Bildu. La secretaria general del PP alavés y con asiento en las Juntas Generales, Ana Salazar, habla incluso del uso de «maneras intimidatorias» y señala que «la Diputación ha abandonado a todos los consorcios y entes gestores que no forman parte de Urbide, negándoles ayuda, asesoramiento y subvenciones para adaptarse a la normativa y a las nuevas necesidades que los tiempos requieren para poder gestionar óptimamente el agua».

Hace un año, Omnia, un grupo independiente que solo tiene representación municipal en Llodio, calificaba de «chantaje» la entrada de la localidad en el Consorcio alavés. Aseguraban que esta «imposición permite a la Diputación gestionar el agua como quiera» en un tema que es competencia municipal. Precisamente en el municipio ayalés, la entrada en vigor de la nueva facturación, en mayo del año pasado, daba más de un susto a los vecinos. En la mayor parte de los casos, el importe se multiplicó por dos. «Es que la subida ha sido del 100%», se quejaba entonces en EL CORREO un vecino que mostraba como prueba las facturas. Urbide respondió a las reclamaciones con una carta en la que recordaba que la tarifa para todos los usuarios «es la misma independientemente de su lugar de residencia».

Para Elkarrekin Álava la claridad tampoco es el punto fuerte del consorcio. «La gestión del agua debería ser realizada con mayor transparencia y cercanía hacia el consumidor. Nos preocupa mucho que actualmente están surgiendo muchas dudas en las familias alavesas que empiezan a recibir sus servicios. Conocemos ejemplos donde los precios del consumo familiar de agua se ha incrementado desproporcionadamente en relación a la gestión que venían haciendo tradicionalmente los concejos, sin ninguna explicación previa, y esto está generando mucha desconfianza en la población».

La falta de servicio o uno deficitario también ha sido achacada por los partidos opositores al PNV. La popular Ana Salazar apunta que «las entidades locales están sintiéndose desatendidas y desconcertadas al no saber a quién acudir o quién les debe atender ante problemas, averías o necesidad de atención y asesoramiento por parte de una entidad que recibe más medio millón de euros cada año de parte de la Diputación de Álava».

Precisamente la financiación es otra de las nubes que pesan sobre el joven consorcio alavés. Javier Argote recuerda que «la misma persona que firma esas partidas, el diputado foral de Medio Ambiente, Josean Galera, es a la vez el presidente de Urbide». «Se crea para cumplir, según ellos, con los estándares europeos y resulta que ellos mismos los incumplen en ese punto», critica. Este periódico se ha puesto en contacto con la Diputación para ofrecerle la posibilidad de responder a estas acusaciones. «En pocas semanas el diputado general comparecerá en Juntas para hablar de ese tema», emplazaron.