PNV y PSE tumban en Álava una moción que pretendía reprobar el 'caso De Miguel'

Los votos de los gobernantes PNV y PSE valieron este jueves para tumbar en las Juntas Generales de Álava una moción impulsada por el PP con la que se pretendía reprobar «de forma general los comportamientos políticos corruptos» y «especialmente las actuaciones delictivas de la llamada 'trama De Miguel'», el mayor caso de corrupción de la historia de Euskadi. «Hemos reprobado por activa y por pasiva estos hechos. Ningún representante del PNV ha quitado ni un gramo de hierro a esta cuestión, pero no vamos a apoyar ese objetivo que ustedes han escondido en las razones pero que dejan meridianamente claro en sus exposiciones que es transmitir la sensación de que aquí el condenado es el PNV, cuando no ha sido así», justificó el procurador nacionalista Joseba Ciarsolo.

Una moción que los grupos que con su mayoría absoluta sostienen al Gobierno foral tacharon de «electoralista», pese a que su origen se remonta al 19 de diciembre, tan sólo dos días después de que se diese a conocer la sentencia que condena, entre otros, a Alfredo de Miguel, antiguo 'número dos' de los jeltzales en Álava, a trece años de prisión. Los plazos administrativos y el 'parón' legislativo provocado por la pandemia han ido demorando este asunto que finalmente se debatió a diez días de los comicios autonómicos. Tanto tiempo ha pasado que el texto original reclamaba que el parque tecnológico de Miñano anulase el contrato con la empresa Stoa -cuyo administrador único, Sergio Fernández Oleaga, tiene que hacer frente a una condena de año y medio de cárcel- que ya se ha suspendido. Esa fue precisamente la razón por la que el PSE se opuso a la propuesta de los conservadores, lo que le sirvió para acumular multitud de críticas por parte de la oposición.

Y eso que la iniciativa legislativa se 'transformó' para censurar la corrupción y sobre todo el 'caso De Miguel'; reclamar que se «analice» las posibilidades de restitución de los pagos ya hechos a Stoa; «incrementar la dotación de medios materiales y la de agentes dedicados a la Unidad de Delitos Económicos e Informáticos de la Ertzaintza», e instar a la puesta en marcha de una Fiscalía Anticorrupción. «Mantenemos esta moción porque queríamos poner de manifiesto que, mientras se ha podido, se ha querido dar cobertura a muchas de estas personas y contratos porque siendo posible la suspensión antes no se ha hecho», explicó Marta Alaña, del PP.

Un debate que adquirió un tono cada vez más agrio a medida que se sucedían las intervenciones de los grupos políticos. Porque se habló de la Gürtel, el caso de los EREs e incluso ETA. Porque Ciarsolo negó que la 'trama De Miguel' sea «el mayor caso de corrupción de la historia de Euskadi», sino que fue el impuesto revolucionario que la banda terrorista reclamaba a los empresarios. «La sociedad sabe que en el seno de cada colectivo pueden surgir como las que tratamos ahora aquí. Lo que le importa es la actitud que tiene ese colectivo hacia el suceso», lanzó el jeltzale en referencia a la izquierda abertzale.

«¿Saben usted lo primero que pide la ciudadanía a la clase política? Honestidad y ética. Los socios de gobierno, unos por activa y otros por sumisión hacia el socio mayoritario, hacen aumentar la desafección de la ciudadanía con la clase política en vez de tomar medidas radicales tras una sentencia lo suficientemente grave», apuntó Kike Fernández de Pinedo, de EH Bildu.

«Condenamos cualquier tipo de corrupción y nos avergüenza especialmente si alguna ha venido de nuestras filas, pero también rechazamos los discursos que desde la política desprestigian la propia política tratando de extender eso de que todos somos iguales», comentó el socialista Alain Coloma. «Nada se consigue con tibieza», resumió David Rodríguez, de Podemos.