Tapia justifica el recurso judicial para explorar gas en Vitoria: «Tenemos que conocer lo que hay en el subsuelo»

El desencuentro entre el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Vitoria por el polémico proyecto de explorar gas en Subijana se ha intensificado este miércoles después de que el Gobierno vasco decidiese llevar a los tribunales este plan con el que se pretende chequear la existencia de bolsas de hidrocarburos en las afueras de la capital alavesa. La propia consejera Arantxa Tapia (PNV) ha reivindicado esta mañana la decisión del departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de presentar un recurso a la Justicia para obligar al Consistorio a darle licencia para el sondeo, tal y como ha adelantado EL CORREO. «No se está hablando de explotar bolsas de gas sino de explorar, para conocer si existe ese recurso, en qué cantidades y si sería factible en el futuro recurrir a él. Es imprescindible conocer lo que hay en el subsuelo, independientemente de que se vaya a extraer o no», ha defendido.

Tapia ha recordado, además, que el consorcio de empresas en el que participa el ente Vasco de la Energía cuenta con las autorizaciones necesarias para realizar los trabajos, en referencia a lo que se desprende en las Directrices de Ordenación Territorial del Gobierno vasco y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el Ministerio de Transición Ecológica en 2019, que era favorable a la exploración. Esta visión choca con la del informe municipal que fue desvelado el pasado mes de diciembre por el alcalde Gorka Urtaran. El documento prohíbe la prospección de hidrocarburos en el punto seleccionado, detrás del hotel Ruta de Europa, al considerarla «incompatible» con la ordenación del actual Plan General de Ordenación Urbana. El Ejecutivo vasco formalizará de inmediato su recurso en sede judicial antes de que expire el plazo para hacerlo, a finales de la próxima semana, y deja en manos de la Justicia la posibilidad de sortear la normativa urbanística de la capital alavesa. Un paso que Urtaran ha admitido hoy que «era previsible», cuando ha recalcado que va a «defender siempre el interés superior» de la ciudad. «Ponemos a trabajar a los servicios jurídicos municipales para que defiendan en los tribunales que en Vitoria no se puede explorar gas», ha anunciado.

No obstante, el documento municipal esgrimido por Urtaran recuerda que, en última instancia, serán los tribunales de Justicia quienes deban resolver el cruce de intereses entre administraciones y las posibles contradicciones entre el Plan General de Vitoria (PGOU) y las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) del Gobierno vasco. Sobre el asunto se ha posicionado esta mañana José Antonio Suso, presidente del Araba Buru Batzar, quien ha enfatizado que ahora toca dejar trabajar a los jueces: «El Gobierno vasco tiene la facultad de recurrir, porque la ley así se lo permite. Es una decisión que tendrá que explicar el Gobierno y son los tribunales los que deben decidir si el planeamiento urbanístico tiene prevalencia o lo tiene la declaración medioambiental. Sabemos que cuando algo llega a los tribunales tarda mucho tiempo en resolverse. En ese tiempo puede haber modificaciones legislativas y veremos si tenemos una noticia de un tipo u otro».

El departamento liderado por Tapia confía en que los tribunales les den la razón para retomar su estrategia energética, pese a la confrontación que ha despertado el proyecto en el resto de partidos, entre ellos el PSE, su socio de gobierno en el Parlamento vasco, las Juntas Generales de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria. El proyecto trata de conocer si hay presencia de hidrocarburos en el pozo de Armentia-2 –ya explorado sin éxito a finales de los años 90–, sin llegar a afrontar la fase de explotación. A las puertas de la aprobación en el Congreso de la nueva ley de Cambio Climático a nivel nacional, que contempla la prohibición de este tipo de sondeos, el rechazo es unánime en el resto de formaciones políticas, lo que ha dejado solos a los jeltzales en la apuesta por un proyecto en el que se deberían invertir cerca de 20 millones de euros.

El Gobierno vasco ya había adelantado la posibilidad de acudir a la Justicia nada más conocerse que el informe técnico municipal denegaba la petición de exploración presentada por la sociedad pública Shesa (Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi). El documento reabrió de este modo las negociaciones para el Presupuesto del Ayuntamiento entre el Gabinete Urtaran y Elkarrekin Podemos, quienes pusieron como línea roja Subijana para el acuerdo. Precisamente, las Cuentas entrarán hoy en vigor gracias a la abstención que el grupo morado.