La reforma de Dato 20 encalla por una disputa vecinal para vaciar el edificio durante la obra

El litigio se basa en un desencuentro sobre la necesidad o no de de vaciar el edificio durante los trabajos. Los técnicos municipales aseguran que debe estar deshabitado para llevar a cabo la profunda actuación, que incluye la consolidación de la estructura y la reparación de la cubierta. La arrendataria de uno de los pisos, sin embargo, presentó un recurso administrativo ante el Consistorio junto con un informe de un arquitecto que opinaba lo contrario. A pesar de que el criterio municipal ha prevalecido, el Ayuntamiento ha fijado como fecha límite el próximo 14 de julio.

Para entonces, el edificio debe vaciarse por completo para comenzar las obras y, en caso de que continúe habitado, los propietarios tendrán que presentar un nuevo proyecto definitivo. Este plan se realizaría «por fases, garantizando la seguridad de los moradores», explicó el concejal de Modelo de Ciudad y Urbanismo, Borja Rodríguez (PSE), a preguntas presentadas por EH Bildu.

En caso de que pasada esa fecha sin una de las posibles soluciones adoptadas (que el edificio siga ocupado y que no se haya presentado un nuevo proyecto por fases, por ejemplo), el Ayuntamiento podrá imponer multas o acometer la obra de forma subsidiaria. Es decir, asumir los trabajos y pasar después la factura a los propietarios. Eso sí, la obligación del Consistorio recae para garantizar la consolidación del inmueble y evitar posibles desprendimientos, no para llevar a cabo una rehabilitación total.

En este sentido, el Gabinete Etxebarria puso en valor la decisión de los propietarios para llevar a cabo una reforma integral. «Hay una voluntad de cumplir por parte de la propiedad que se está dilatando por un litigio que dificulta las actuaciones», afirmó Rodríguez, quien apostó por la rehabilitación total como solución idónea porque «añade valor al edificio y permite dotarle de uso en el futuro». Cabe recordar, en este sentido, que varios locales situados en los bajos acumulan más de un año sin actividad comercial.

Este último contratiempo llega tras otro desencuentro por el posible estado de ruina del edificio. Los propietarios pidieron la declaración de ruina económica hace más de dos años por su deterioro estructural y, aunque el Ayuntamiento abogó en un primer momento por concederlo, el recurso de una de las propietarias lo frenó. A partir de ahí, los vecinos iniciaron el nuevo proceso de reforma, que ahora se encuentra enquistado otra vez a la espera de que se resuelva. De hecho, la licencia de obra estaba ya concedida, pero quedó suspendida en enero de este mismo año, al ver que el edificio no se quedaba vacío.

El concejal Xabier Ruiz de Larramendi (EH Bildu) alertó de que el inmueble, amparado por un inportante grado de protección, se encuentra «cada vez más deteriorado». Además, pidió que la intervención más básica, la que debe consolidar la estructura y que puede recaer en la Administración, arranque lo antes posible, precisamente para evitar que se degrade aún más.