El recargo del 50% a pisos vacíos en el IBI de Vitoria dispara las consultas en la oficina de la Síndica

La Síndica ha explicado este viernes en comisión municipal que las casuísticas de los contribuyentes son «de lo más variadas». Zugazua ha detallado casos de gente empradonada en otros pueblos para seguir con su mismo médico de atención primaria pero que vive aquí, gente que alterna su casa de Vitoria con la de la zona rural, vecinos que tienen una vivienda en la capital «como apoyo logístico», pisos cedidos a nietos, colindantes a casas dañadas y en la que no se puede vivir,... y hasta dos recién casados a los que les ha llegado al recibo antes de haber tramitado el empadronamiento en su nueva casa, entre otros.

La cuestión, consultas aparte, ha acaparado una de cada cinco quejas ante la defensora vecinal. Zugazua ha reprochado al Ayuntamiento que «hay muchos medios para acreditar la residencia habitual que no sea estrictamente el padrón». Entre esos métodos alternativos ha citado ejemplos como las aperturas de los contenedores de basura o los viajes realizados con Tuvisa desde un mismo punto de partida.

Las quejas, con todo, no se han ceñido exclusivamente al recargo en el IBI, sino que ahora se están juntando con la tasa de basuras. «Ahora ya nos llegan los dos temas a la vez», ha afirmado. Con todo, Zugazua ha confiado en que los problemas, con las nuevas ordenanzas fiscales -que van a revisar esa residencia con datos como los consumos de luz y gas- «se van a ver solucionados».

A pesar de que las quejas y las consultas se han centrado en el recargo fiscal del Consistorio, en total la Síndica ha practicado más de un millar de actuaciones. De ellas, la inmensa mayoría son atenciones ciudadanas a llamadas telefónicas y correos electrónicos.

Más allá de las protestas ligadas a Hacienda, Zugazua ha dedicado un importante trecho de su comparecencia a temas como el empadronamiento, con especial atención al padrón social o la atención en los servicios sociales.

La Síndica, por ejemplo, ha alertado sobre las personas con pocos recursos que muchas veces cuentan con informes que acreditan su vulnerabilidad para suspender su desahucio, «pero no para activar los recursos públicos para proporcionar una vivienda». «Es fácil que esas personas acaben en una situación de sinhogarismo cuando se acabe la moratoria», ha advertido Zugazua en referencia a la prohibición de expulsar a los inquilinos vulnerables recogida en la Ley de Vivienda.

La defensora vecinal ha vuelto a traer a colación una cuestión en boga durante los últimos años: la cita previa. Zugazua ha citado el caso de «una persona que no pudo ser atendida en una oficina de atención ciudadana en Sansomendi porque no tenía cita previa» y que había acudido en un hueco libre entre el tiempo que dedica a cuidar a un familiar con cáncer. «Este sistema no puede ser obligatorio, por mucho que quepa la opción de acudir sin cita previa a San Antonio o San Martín. San Antonio y San Martín son solo oficinas de mañana. Al final, los centros cívicos son las oficinas de proximidad para las personas», ha reclamado.