Psiquiatras valorarán a los agentes locales a los que se quite el arma por trastorno de conducta

Estos especialistas deben ratificar o anular la retirada del arma, algo que no se sabe cuántas veces puede pasar a lo largo de este tiempo. La Policía Local no da datos de si ya ha habido casos de este tipo, ya que asegura que «no se pueden hacer públicos», pero el contrato ya presupone que no serán muchos. Así, los gabinetes interesados presentarán un precio por cada evaluación sobre ese máximo total de 30.000 euros en tres años.

Dice la norma autonómica que constituyen indicadores de ese trastorno «los cambios repentinos de comportamiento» que se manifiestan en «irreflexibidad e impulsividad sin observar las mínimas normas de seguridad acordes al momento concreto» o «lentitud anormal o falta de reactividad a estímulos cotidianos, reflexión exagerada en las respuestas o en los gestos corporales, falta de movimiento en la mirada...». La lista incluye agresividad verbal o física «no proporcionada o a todas luces inadecuada o innecesaria», «incoherencia o falta de lógica en las respuestas a preguntas sencillas», que esa persona no sea capaz de quedarse quieta y sentada en su sitio durante un mínimo de cinco minutos.

También «verbalizaciones de menosprecio de la persona hacia sí misma acompañadas de intenciones suicidas o de deseos de estar muerta, terminar definitivamente con todo o similar» o que haya dicho que se siente «perseguida, vigilada o anormalmente presionada de forma que la historia es incoherente o sospechosamente incierta, que muestre desorientación puntual en tiempo y/o espacio y otros trastornos y/o alteraciones de pensamiento o conducta que interfieran en la actividad laboral».

Puede ser la propia persona la que dé el paso de comunicar que no se encuentra bien o ser otro compañero el que alerte a sus superiores de que concurren los indicios de trastorno antes mencionados.

Al margen de los trastornos mentales hay más causas por las que se retira el arma a un agente. Son una baja superior a 90 días; accidente laboral; incapacidad permanente parcial, total, absoluta y gran invalidez; encontrarse en cualquier situación administrativa distinta del servicio activo; hallarse en cumplimiento de sanción disciplinaria, medida cautelar o sentencia judicial, en que se disponga la retirada definitiva del arma o sanción firme de suspensión temporal o de separación definitiva del servicio de la Policía Local; jubilación total y pérdida de la condición de funcionario y enfermedad o disminución psicofísica que incapacite para la tenencia del arma de fuego.