El precio de la luz triplica el gasto eléctrico del BEI y las cocheras

La sociedad municipal de transportes sacará en breve dos procesos de contratación para dejar de pagar la tarifa de último recurso, que incluye un recargo del 20% sobre el precio final. Por una parte, encargará el suministro durante tres meses, el tiempo que prevé que tardará en cerrar el nuevo acuerdo. Con este trámite, el Ayuntamiento confía en dar por finalizada una gestión compleja, ya que las empresas suministradoras le habían llegado a trasladar ofertas con una vigencia de «cuatro horas». Las compañías, en este sentido, elevan la prudencia por ser un servicio de un gran volumen durante un largo periodo. La anterior firma encargada, Aura Energía, resolvió el contrato por considerarlo «insostenible» y quebró poco después.

Fuentes del departamento de Movilidad señalan que, al margen del mercado energético, el gasto se incrementa con la entrada del servicio del BEI en su totalidad, y matizan que esa subida se ve en parte neutralizada por el 'ahorro' en diésel. En este sentido, desde Tuvisa apuntan que el combustible también se ha encarecido en más de un 50% en los últimos meses.

Los grupos de la oposición municipales criticaron al equipo de gobierno local por el retraso en las obras de la unidad de carga del BEI, adelantado ayer por este periódico. «Cinco meses y medio de retraso no hay por dónde cogerlo. Se lo hemos preguntado en varias ocasiones y nos lo ha ocultado. Es una falta de respeto a la ciudadanía», criticó Alfredo Iturricha, concejal del PP.

Por otra parte, la asesoría jurídica municipal señaló en un informe que Tuvisa «debió invitar a al menos tres empresas» aspirantes según se recoge en la Ley de Contratos, mientras que sólo figuran dos. El concejal de Movilidad, Raimundo Ruiz de Escudero (PNV), explicó que se trataba de una «situación de urgencia por el elevado coste» del servicio. «Una cosa es invitar y otra que no cojan el teléfono o que den 24 horas para responder, y el contrato fue aprobado por el consejo de Tuvisa», señaló, después de que EH Bildu denunciara la «mala praxis» por parte de la Administración.