Demoledor informe foral
La plantilla de la Diputación de Álava responde a la polémica auditoría: «Somos meras fichas que mueve el político de turno»Critica el sesgo «neoliberal» del informe que considera que la administración foral tiene una estructura «ineficaz y obsoleta» y es «un reino de taifas»
Los sindicatos de la Diputación se defendieron este lunes de la dura auditoría que el viernes publicó en exclusiva por EL CORREO en la ... que se alerta sobre la estructura «ineficaz y obsoleta» de la administración foral, a la que compara con «un reino de taifas». Los representantes de la plantilla de 953 trabajadores tacharon de «neoliberal» este informe -que encargó el departamento que dirige la socialista Cristina González con el conocimiento de la parte social- y argumentaron que los funcionarios son «meras fichas» que normalmente se han movido «al capricho del político de turno».
La junta de personal -el equivalente al comité de empresa en el sector público- ha recibido el documento como un ataque a la plantilla. Los trabajadores «no deciden cuáles son los objetivos, la planificación, la organización ni la estructura» de la institución, defendieron en un comunicado y señalaron a los que, a su parecer, son los culpables: los políticos. «Son los diferentes equipos de gobierno que han ido pasando a lo largo del tiempo por la Diputación, entre ellos también algunos de los que están ahora en la oposición, los que con decisiones 100% políticas han ido cambiando mediante decretos de estructura, designación de cargos y jefaturas», acusó la junta que componen diez representantes de ELA, ocho de LAB, cuatro de UGT y uno de CC OO.
La evaluación suscrita por la empresa Consultores de Gestión Pública es incisiva con las jefaturas de la Diputación hablando de que algunos lo son básicamente por el nombre del puesto porque en realidad no tienen personal a su cargo y considera que el desempeño de estas funciones «requiere de unas competencias que se extienden mucho más allá de la mera competencia técnica o dilatada experiencia dentro de su ámbito competencial». El comité no se mordió la lengua sobre este aspecto y calculó que un 50% de ellas «han sido nombradas por libre designación, es decir, 'a dedo'».
El Gobierno foral reconoció el viernes, pocas horas después de la publicación de la noticia, que su estructura está «desactualizada» y por esa razón abre un periodo de reflexión antes de dar los primeros pasos durante esta misma legislatura. Y es que la última reforma de calado data de 1994, hace tres décadas. Pero cualquier cambio «debe ser negociado y consensuado con la parte social», recordó la teniente de diputado general. No será una tarea sencilla a la vista de la composición del comité, su reacción y más ante el presente clima preelectoral. «La junta de personal estaba, está y estará dispuesta a negociar cualquier asunto siempre y cuando se trate de una negociación real y en la que haya verdadera voluntad de cambio y con la premisa básica de que no se mermen en ningún caso los servicios prestados a la ciudadanía, y que se mejoren las condiciones laborales y salariales de los trabajadores forales», recalcaron. No dudaron a la hora de comunicar que la situación de la plantilla «no ha hecho más que degradarse en las últimas décadas».
«Es acertado afirmar que en la Diputación nunca tan pocos hicieron tanto con tan poco», incidieron los sindicatos. Ellos reivindicaron que Álava cuenta con las mismas competencias que Bizkaia y Gipuzkoa (recaudación de tributos, carreteras, políticas sociales, medio ambiente...), pero el primero tiene 3.153 funcionarios en nómina y el segundo, 1.849. En cualquier caso, si se analiza la proporción de trabajadores forales respecto al número de habitantes de cada uno de los territorios, Álava lidera la tasa de funcionarios forales con uno por cada 349,2 ciudadanos, mientras que en Bizkaia son 366,8 y en Gipuzkoa, 389,3.
Los sindicatos piden «un cambio de raíz» en el modelo de negociación de la institución con los trabajadores. Denuncian que, hasta la fecha, las mesas que se han convocado han sido «un mero teatro donde las aportaciones de la parte social sistemáticamente no han sido tomadas en consideración, en algunos casos sin tener acceso tan siquiera a los expedientes».
Las centrales disponían de este documento desde el mes de diciembre y unas semanas después se remitió a los grupos políticos de las Juntas Generales. Allí mismo tendrá que dar las explicaciones Cristina González, pero habrá que esperar al menos hasta el 1 de marzo teniendo en cuenta el calendario legislativo. Los grupos también han solicitado la comparecencia del diputado general, Ramiro González, aunque corresponde a la Mesa de esta cámara legislativa determinar si procede que tenga que hablar sobre un documento concreto encargado por un departamento.
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