«De las 39 piezas analizadas, 35 son contemporáneas y otra, retocada»

En la Ertzaintza, cuerpo encargado de las investigaciones policiales, carecían de conocimientos en la materia. Aunque fueron agentes adscritos a Medio Ambiente quienes dieron con la tecla. Tras sus gestiones, expertos del Instituto del Patrimonio Cultura de España (IPCE) y de la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (ESCRBC) aceptaron estudiar una selección de los «grafitos extraordinarios», como Gil y su equipo denominaron sus hallazgos. Corría 2012.

Dos años se demoraron sus conclusiones, que dejaron en muy mal lugar a los encausados. El IPCE, muy contundente, dictaminó que «de las 39 piezas analizadas, 35 presentaban suficientes anomalías para ser consideradas contemporáneas, 3 eran originales pero no excepcionales y un grafito era original probablemente retocado».

Desde el ESCRBC subrayaron que «la trazabilidad de los fragmentos con grafitos no es demostrable y el tratamiento recibido no ha garantizado su integridad física en la medida necesaria para que los análisis sean concluyentes. Por los motivos expuestos, los autores no pueden avalar la autenticidad de los grafitos». Los redactores de estos informes, que no han cobrado por su trabajo, declararán en febrero.

Para intentar acreditar la validez de sus descubrimientos, los procesados, a través de Rubén Cerdán, presentaron tres dossieres supuestamente realizados por un laboratorio francés. «Con ellos se pretendía acreditar la autenticidad» de 34 piezas analizadas y, por extensión, del conjunto. La Diputación corrió con los gastos de dos, 12.600 euros.

Los investigadores descubrieron sin embargo que ese laboratorio nunca realizó estudio alguno sobre Iruña-Veleia. La presentación era «una burda copia de un documento que una empresa alemana tiene disponible gratuitamente en su web».