El parque tecnológico de Álava suspende el contrato de ampliación salpicado por el 'caso De Miguel'
Tras casi una década en cuestión por su relación con la trama corrupta, el consejo de administración lo declara nulo por haberse suscrito con una «finalidad ilícita»
Nueve días ha tardado el Parque Tecnológico de Álava (PTA) en resolver el contrato con el estudio de arquitectura Stoa salpicado desde hace una década ... por el 'caso De Miguel'. La reciente publicación de la sentencia que considera probado la existencia de una red liderada por Alfredo de Miguel, diputado de Administración Local en Álava hasta su detención en marzo de 2010, que se valió de su enorme influencia social y política como destacado dirigente del PNV para adjudicar contratos 'a dedo' a cambio de comisiones ilícitas ha provocado que el consejo de administración del centro empresarial de Miñano (al Norte de Vitoria) haya decidido declarar la «nulidad» del acuerdo por haberse actuado con una «finalidad ilícita».
De hecho, el tribunal presidido por Jaime Tapia ha decidido condenar al administrador único de Stoa, Sergio Fernández, condenado a un año y medio de cárcel -la Fiscalía pedía más de siete años para él- por un delito de cohecho activo y falsedad en documento privado. El consejo -compuesto por el Ayuntamiento de Vitoria, la Diputación (a través de Álava Agencia de Desarrollo) y el Gobierno vasco (Spri)- ha decidido «suspender la eficacia» tras conocerse la decisión de la terna de magistrados que declara probados hechos que «constituyen un supuesto de nulidad del contrato por ilicitud de la causa, por oponerse a la Ley, puesto que se suscribió el contrato actuando en concierto y con una finalidad ilícita», comunican sus portavoces.
La celeridad de la decisión ante un fallo que aún no es firme -algunos de los inculpados ni siquiera han recibido la sentencia y, por eso, aún no hay fecha límite para presentar recursos de casación ante el Supremo- fue anunciada el viernes por el diputado general de Álava, Ramiro González, y ha sorprendido de vacaciones a algunos de los consejeros del parque que se han visto obligados a delegar su voto. Contrasta respecto al periodo de espera que se han marcado las administraciones públicas se han marcado para decidir sobre el futuro laboral de Koldo Ochandiano, que hace meses volvió a ser contable de Miñano, o De Miguel, que trabaja en la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Rural de Hazi, que depende del Gobierno vasco.
El acuerdo del consejo de administración subraya que «de confirmarse la sentencia en los términos de la primera instancia, no resultará necesaria la adopción de nuevos acuerdos» en relación con este contrato. Sin embargo, todo queda en el aire el supuesto de que el Supremo revoque la sentencia.
Hasta 2018, en 'stand-by'
Este contrato valorado en cerca de 350.000 euros -menos de lo previsto por un error en la oferta- permaneció en 'stand-by' desde marzo de 2009 hasta julio de 2018 cuando, en plena marejada judicial, Stoa reactivó las gestiones para ampliar Miñano. Pese a la enorme polémica que se registró por ejecutar unas tareas que en esos mismos momentos se estaban juzgando en el Palacio de Justicia de Vitoria y las críticas de la oposición, representantes del PNV defendieron entonces su legalidad. Un proyecto que continuaba adelante y eso que ni siquiera contaban con el apoyo de altos técnicos municipales por ir en contra de la norma que vincula nuevos parques al «interior de ciudades».
En su resolución, los magistrados consideran ahora probado que la sociedad constituida por los tres principales inculpados (De Miguel y Ochandiano junto al exconcejal de Vitoria Aitor Tellería, antiguos burukides del PNV), recibió una comisión de 3.570 euros por parte de Stoa. «Dicha factura y el pago efectuado en base a la misma, no se corresponden con trabajos efectivamente realizados en materia de redacción de planes generales de ordenación urbana, tratándose de un pago o abono de una comisión que Sergio Fernández Oleaga realizaba a Alfredo De Miguel y a la sociedad Kataia Consulting por las gestiones que éste había efectuado para la contratación de la empresa del primero por parte del PTA, teniendo conocimiento de ello Koldo Ochandiano», sostienen los jueces.
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