Memoria 2022 de Cáritas
Más de 5.000 familias alavesas necesitaron la ayuda de Cáritas el último añoSon 644 más que en el período anterior. La vivienda supone el principal problema para estas personas que, en su mayoría, son mujeres e inmigrantes
Cáritas ha presentado este martes su memoria anual. Las conclusiones indican que «la desigualdad persiste», a pesar de un «contexto de recuperación económica y mejora ... de los datos de empleo». La entidad atendió en Álava en 2022 a 5.153 familias, 644 más que el año anterior cuando eran 4.509. Un incremento de la asistencia que también ha tenido impacto a nivel territorial ya que en Euskadi 34.288 personas buscaron apoyo, casi 2.000 más.
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«La guerra de Ucrania sumada a la subida de los bienes de consumo y de la energía ha provocado que las situaciones de vulnerabildad y exclusión social se hayan hecho más complejas. Se ha dificultado el acceso a las oportunidades para mejorar las condiciones de vida», ha afirmado Maite Sebal, directora de Cáritas.
El perfil, femenino e inmigrante
Ahora bien, tras esa realidad que expone, existen otros datos representativos. El rostro de la pobreza sigue siendo femenino (un 66%) e inmigrante (el 76%). La mayor parte de usuarios atendidos tienen hijos, pero el 36% están solos. Además, entre todos esos, el 27,3% no tiene permiso de trabajo y sólo el 30% está ocupado. En este sentido, el secretario general Ramón Ibeas ha reclamado una «reforma» de la Ley de Extranjería «para que las personas que llegan a nuestro país no tengan que esperar tres años para poder trabajar». «Es inhumano y somete a estas personas a una inseguridad absoluta respecto a su vida y sus posibilidades», ha reivindicado.
La vivienda, el principal problema
Entre las principales preocupaciones de los necesitados está la vivienda, pues casi la mitad (el 46,3%) comparte piso. Estas dificultades se intentan mermar desde Cáritas al destinar el 50% de sus ayudas económicas a solventar este problema, que según Ibeas, «es global». «La precarización de la vivienda responde a la decisión particular de los propietarios de generar una gran presión sobre los inquilinos para ganar más dinero», ha apuntado crítico Ibeas.
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34.288 personas
buscaron apoyo en Euskadi, casi 2.000 más que el curso anterior.
812.614 euros de presupuesto
destinaron para responder los problemas de las familias. Supone un 5,4% más que en 2021.
Este asunto, cuya solución se alcanza en un largo plazo, ha provocado (junto a otras causas) que los problemas no se respondan en una actuación. Esto ha revertido en más entrevistas. En concreto, un 42% más que en 2021, siendo 29.108. Las respuestas ofrecidas fueron más de 20.000 y en materia económica se incrementaron en un 5,4% con un importe de 812.614 euros que casi doble al del ejercicio anterior.
El trabajo, en el servicio doméstico
Aún así, en Cáritas insisten en que «no somos una entidad asistencial, a las personas hay que abrirles un futuro». Por eso, las soluciones formativas aumentaron en este curso. 1203 personas participaron en distintos cursos impulsados por el Departamento de Formación, 742 asistieron a clases o a actividades relacionadas con el aprendizaje del castellano, 156 acudieron a las Escuelas de Formación y Promoción de la Mujer y 305 niños atendieron a sesiones de apoyo escolar.
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Por los talleres ocupacionales y prelaborales pasaron 212 personas. Y se realizaron 46 contratos de inserción. 240 demandas de empleo fueron cubiertas por la Agencia de Colocación Lan Bila, aunque 170 de ellas acabaron dedicándose al servicio doméstico y/o cuidado de personas dependientes.
«La sociedad actual no se puede permitir ignorar la constatación de una fractura social que mantiene la polarización entre quienes están mejorando su situación y quienes han quedado relegados del crecimiento», ha reflexionado Ibeas, que ha contado en Cáritas Euskadi con la ayuda de 3.575 voluntarios.
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Ante esa situación, la institución católica ha propuesto «activar políticas que incluyan la vivienda como necesidad básica en la normativa de servicios sociales, atender a la desigualdad que está generando la brecha digital en las relaciones con la Administración, mejorar las políticas de inclusión y un mayor control de la economía sumergida».
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