Representantes de asociaciones de víctimas piden que se acabe con la impunidad. Rafa Gutiérrez

El 3 de Marzo exige al Estado que asuma «la responsabilidad» de la matanza

La asociación aspira a que el Ejecutivo dé por fin el paso de manifestar públicamente que la tragedia fue causada por la Policía Armada

B. Mallo

Martes, 18 de noviembre 2025, 12:46

En la semana en la que se cumplen 50 años de la muerte de Franco, las asociaciones de víctimas de la etapa que se abrió ... tras la dictadura han salido de nuevo a la palestra para proseguir con su objetivo de que el Estado se declare responsable de esos sucesos que en muchos casos, como el del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, provocaron víctimas mortales. Para ello, la asociación Martxoak 3 ha puesto en marcha dos nuevas iniciativas para «acabar con la impunidad» estatal y conseguir, por fin, «verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición» acerca de la matanza que hace cinco décadas se vivió en la iglesia de San Francisco de Asís en Zaramaga.

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Por una parte, de la mano de otra asociación de víctimas, Sanfermines 78, y mediante los mecanismos de la Ley de Memoria Democrática ha tramitado 40 solicitudes a nivel particular para que se reconozca el «derecho a la reparación moral y a la recuperación de la memoria personal y familiar» de quienes padecieron violencia de Estado tras la muerte de Franco.

Las dos entidades ya han recibido las primeras respuestas que realizan ese reconocimiento a título particular, pero su objetivo es que a nivel global «se reconozca que todas son víctimas del Estado y que asuma su responsabilidad en un acto global, ya que fue la Policía Armada la responsable de dicha tragedia».

Al mismo tiempo, Martxoak 3 ha planteado una moción en el Ayuntamiento de Vitoria que se votará este mismo viernes en Pleno. Las víctimas pretenden que el Consistorio «inste al Gobierno de España a reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado» en los crímenes de Vitoria en 1976 y Pamplona en 1978. De la misma manera, aspiran a que desde el Ayuntamiento se reclame al presidente «una declaración oficial» al respecto. Por último, también se insta a las instituciones a «dar pasos reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia de Estado y abrir así las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación».

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«Es bochornoso»

El futuro Memorial está generando mucha tensión en el seno de las asociaciones de víctimas por los retrasos en su puesta en marcha y la falta de información en muchas aspectos por parte de las instituciones a pesar de ser Martxoak 3 y Memoria Gara integrantes del patronato. Y tras conocer en que el lunes hubo una reunión informal de la que no tenían información, la portavoz de la víctimas y vicepresidenta de la Fundación del Memorial, Nerea Martínez Aranburuzabala, explotó y abandonó unos minutos el acto entre lágrimas de frustración.

«No me lo puedo creer.No sabíamos nada, pero es la tónica general de todo este proceso desde el principio», señaló. Una de las víctimas de la asociación reflejó que «son muchos los desplantes» que están sufriendo y que se enteran «por la prensa» de muchas decisiones. «Es bochornoso y tendremos que tomar medidas en este sentido», aseguró.

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«Las víctimas siguen sin conocer la verdad», denuncia el PNV

La matanza del 3 de Marzo ha sido protagonista también en el Senado, donde la portavoz del PNV, la alavesa Estefanía Beltrán de Heredia, ha reclamado al Gobierno que acabe ya con la Ley de Secretos Oficiales de 1968 que permite que «se siga protegiendo y ocultando» a los responsables de la tragedia y que las «víctimas sigan sin conocer la verdad» de lo que aconteció ese día en Vitoria. «No se puede hablar de 50 años de libertad cuando hay víctimas que llevan medio siglo encadenadas a la Ley de Secretos Oficiales. El Estado sigue protegiendo y ocultando a los responsables de aquella matanza», ha interpelado la portavoz jeltzale al ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Este ha ratificado el «compromiso del Gobierno con Vitoria» y ha afirmado que la aprobación de la nueva ley depende ya de las Cortes.

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