Legutio otorga ahora un plazo de un mes «improrrogable» para tirar las chabolas de Urbina

Hace algo más de un mes que este periódico sacó a la luz el caso y que había un total de 41 personas empadronadas en la vivienda principal, un chalé ubicado en el número 41 de la calle La Estación. Fue entonces cuando comenzaron a sucederse las reacciones, entre ellas las del Consistorio de Legutio, en manos de EH Bildu y al que pertenece Urbina. El pasado 23 de abril, el alcalde (Juan Cruz) informaba de que se había establecido un plazo de diez días para derribar las infraviviendas, sin embargo ese tiempo pasó y no hubo ningún movimiento.

Ahora se ha establecido una nueva fecha límite, que es «improrrogable». El decreto de Alcaldía es claro y declara la existencia de una «infracción urbanística de carácter no legalizable» en el terreno cuya propietaria es una nonagenaria de origen portugués. La persona que ordena la construcción de nuevas casetas y se encarga de la gestión sería, sin embargo, un hombre sexagenario que reside en la casa principal pero que no tiene ninguna relación familiar con la propietaria.

En este periodo de un mes que ahora se abre, «el interesado deberá presentar en el Ayuntamiento solicitud de licencia para demolición acompañada de proyecto técnico». También deberá comunicar «la fecha prevista del inicio así como de la finalización de la ejecución de las medidas de restauración ordenadas». De incumplirse esta orden de demolición, el Consistorio «podrá imponer el cumplimiento forzoso», se especifica en el documento.

Si en un mes las chabolas siguen en el mismo lugar el Ayuntamiento podría realizar la ejecución subsidiaria de las labores de derribo «siendo por cuenta del promotor, propietario o responsable del acto los gastos correspondientes». Previamente se informaría a la persona interesada de la valoración estimada de los gastos que eso supondría. También se abre la puerta a una «ejecución forzosa mediante cualesquiera otros medios previstos en el ordenamiento jurídico». Además, cabe la posibilidad de imponer varias multas coercitivas por no llevar a cabo el derribo.

El decreto también ordena, como medida cautelar, «la retirada de maquinaria y materiales afectos a la obra, precinto del inmueble y de las instalaciones de obras». Desde la calle son visibles materiales como sacos y bloques de hormigón o puntales. Asimismo se decreta «el desalojo de las chabolas, casetas o construcciones que no cuenten con la condición legal de domicilio». Lo cierto es que en esas infraviviendas no reside ahora mismo ningún inquilino ya que abandonaron el lugar inmediatamente después de la publicación de la información.

La resolución firmada el pasado 21 de abril es susceptible de recurso ante el Ayuntamiento en el plazo de un mes desde su notificación «o alternativamente de recurso contencioso administrativo ante los Juzgados en el plazo de dos meses desde su notificación». Eso sí, según se aclara en el decreto, «la interposición del citado recurso en ningún caso motivará la suspensión cautelar automática de la orden de paralización y cese de uso».

Y mientras los trámites para la demolición siguen su curso, el Consistorio de Legutio avanza también con el proceso de desempadronamientos que anunció que iba a llevar a cabo. De las 41 personas registradas en el padrón municipal a 1 de enero de 2023, no todas residen allí y es muy complicado saber a ciencia cierta cuántas han pasado realmente por esta vivienda ya que la rotación era «constante». Todo indica a un caso de empadronamientos ficticios que podrían tener como objetivo final acceder a ayudas sociales. Fuentes de EH Bildu aclaran que ahora mismo hay «varios expedientes abiertos y varios desempadronamientos ejecutados por empadronamientos ficticios».

Los servicios sociales de base, por su parte, realizan en la actualidad un estrecho seguimiento de la única menor que ahora mismo reside en esta dirección junto a su madre. Está escolarizada y también la Diputación Foral de Álava mantiene el foco sobre este caso concreto. Entre los empadronados llegó a haber hasta seis menores sin escolarizar y los vecinos afirman que alguno de ellos incluso llegó a pedir trabajo de cualquier tipo a los vecinos del pueblo. No existe ninguna denuncia formal sobre este caso por lo que la Ertzaintza no actuará a pesar de que llegaron a recibir avisos por peleas o cortes de luz.