El Gobierno vasco recurrirá el cambio de estatutos que Rioja lanzó contra Viñedos de Álava

De momento, siguiendo el procedimiento reglado, y antes de llevar el asunto a los tribunales (tiene de plazo hasta el 6 de agosto) insta al ministerio que dirige Luis Planas en funciones, a dar marcha atrás y anular su 'ok' al controvertido bloque de normas que, entiende Lakua, son «contrarias a derecho».

El Consejo Regulador de la DOCa Rioja apostó por ellas para blindarsse frente al proyecto alavés (u otros que pudieran surgir). Y en la práctica vetan a aquellos productores y bodegueros tentados a utilizar la doble inscripción (Rioja y Arabako Mahastiak), penalizandoles incluso con un año en blanco si decidieran dejar el etiquetado alavés.

«El Consejo de Gobierno, en su reunión de este miércoles, ha autorizado al Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco a interponer los recursos contencioso-administrativos correspondientes en el caso de que el requerimiento sea rechazado por el Ministerio», ha confirmado el Ejecutivo vasco.

En su argumentario, Lakua sostiene que con la modificación de los Estatutos y del Pliego de Condiciones de DOCa Rioja realizada por el Ministerio «se impide que los diferentes operadores o productores del sector puedan destinar parte de la uva producida en sus viñedos a nuevas denominaciones de origen o a vinos producidos al margen de la Denominación Rioja». El Servicio Jurídico central del Gobierno Vasco entiende que de esta manera «se ponen trabas» a los asociados que pretendan destinar su uva a la elaboración y comercialización de otros vinos al margen de la Denominación Rioja. «Esta es una medida restrictiva desde el punto de vista de la competencia y perjudica al sector», se subraya.

Asimismo el Gobierno vasco considera que ese marco normativo impulsado desde Logroño «supone un límite al derecho de libertad de empresa» ya que se obliga a los viticultores a destinar su vino exclusivamente a la Denominación Rioja. «De este modo salen perjudicados los viticultores y las pequeñas bodegas titulares de viñedos, mientras que los vinicultores o productores de vino, tienen más opciones».

Todo ello conlleva «una discriminación entre viticultores y vinicultores, ya que a los primeros se les obliga a que su uva sea producida para destinarla solo a DOCa Rioja, mientras que las corporaciones vinícolas, especialmente las grandes, pueden operar en distintas denominaciones de origen».

La decisión de abrir la vía contencioso-administrativo tomada en el seno del Consejo de Gobierno, no ha contado con el respaldo de la parte socialista del Ejecutivo.