Tráfico de drogas

El jefe de la red pillada en Álava con 1.600 kilos de hachís en 2014 por fin irá a la cárcel

Todo empezó en Vitoria allá por abril de 2013. En esa época, desde la Comandancia de Sansomendi detectaron a varios peones encargados de recoger paquetes sospechosos en varias empresas logísticas de Júndiz, en Vitoria. Esos envíos contenían sustancias  para adulterar drogas y sacar más tajada. En esa época, la red sufrió además «el vuelco (robo) de una partida de cocaína» almacenada en un piso de la calle Manuel Iradier. Jamás se pudo descubrir a manos de quién.

Gracias a un sinfín de escuchas telefónicas y seguimientos por medio país, el instituto armado comenzó a comprender la verdadera magnitud del grupo que tenía en su punto de mira. Encargaban cocaína de Latinoamérica, traían hachís de Marruecos en vehículos con doble fondo y drogas sintéticas desde Holanda.

A lo largo del segundo semestre de 2014, los investigadores golpearon con contundencia a esta trama. En total se incautaron 1.600 kilogramos de hachís, 20 de speed, diez de heroína, 2,1 de cocaína y otro de marihuana. El precio en el mercado negro de estas sustancias «superaría los 3,4 millones de euros en el mercado negro», subrayan medios conocedores del proceso.

Aparte hubo 47 detenidos. 25 de ellos en el País Vasco. El resto se distribuyó entre Burgos, Ávila, Segovia, Madrid, Pontevedra, Málaga, Cádiz y Marruecos, lo que da una idea de la magnitud del asunto. En esas entradas y registros –ordenadas por la Audiencia Nacional– colaboraron guardias civiles de otras provincias, la Policía Local de Vitoria, la Policía Nacional y hasta la Gendarmería marroquí.

A aquella cascada de incautaciones y arrestos le sucedió un enconado pulso judicial. Once años después, uno de los cabecillas, residente en la capital de España y de 48 años, por fin entrará en prisión de manera definitiva. Lo hará por espacio de siete años.

El Tribunal Supremo –en una sentencia firmada por el magistrado Pablo Llarena a la que ha tenido acceso EL CORREO– acaba de admitir «parcialmente» su recurso de revisión de su primera condena, que fue de ocho años. Se la impuso la Audiencia Nacional en junio de 2022. Esta rebaja se debe a que la sala aprecia ahora «dilaciones indebidas», pero también cierra esta vía judicial de forma definitiva. «En breve deberá ingresar en prisión», avanzan medios judiciales consultados.

Será el único de los 16 procesados definitivos –del total de 47 detenidos– que pague su responsabilidad en este negocio ilegal con una condena larga. El resto llegó a acuerdos con la Fiscalía para recibir penas simbólicas. Entre ellos había tres vecinos de la capital alavesa. Todos estos sólo pasaron «unos meses como presos preventivos» en diferentes centros penitenciarios.

Lo más llamativo de aquel proceso penal abordado en la Audiencia Nacional fueron las multas asignadas por el tribunal. A cinco implicados les impusieron 669.892 euros por cabeza. «Obviamente no pagaran jamás esas cantidades», admiten fuentes internas del instituto armado. En el caso de este cabecilla, su multa definitiva se ha fijado en «200.000 euros».