Los hosteleros alaveses se niegan a tener seguridad privada como pide el Gobierno vasco

Si el martes, el alcalde Gorka Urtaran pedía un endurecimiento de las penas y el uso de detectores de metales en estos establecimientos, ayer el regidor de Bilbao, Juan Mari Aburto, reclamaba mano dura a los jueces con los navajeros y el Gobierno vasco planteaba exigir seguridad privada a los locales con un aforo inferior a 700 personas. Es decir, discotecas y bares de copas que ahora no tienen esa obligación. Así lo manifestó ayer el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. Pero la propuesta no convence ni a SEA ni a Gasteiz On, las principales asociaciones de hostelería de la capital alavesa. Ambas coinciden en que «el problema está fuera», en la calle, y no en el interior de sus locales. Temen además los costes extra que tendrían que asumir si finalmente entra en vigor esta obligación. A la gran mayoría de las discotecas, en cambio, no les afectaría esta medida porque a pesar de tener aforos por debajo de 700 personas ya cuentan con seguridad privada que se encarga de regular el acceso a sus instalaciones.

El consejero de Seguridad insistió en buscar «nuevas medidas» ante el aumento de armas blancas que se está produciendo en Euskadi. Eso sí, «antes de debatir sobre la viabilidad del detector de metales, deberíamos asegurar la presencia de profesionales cualificados en la entrada de los locales de ocio nocturno, ya que la mayoría de peleas con arma blanca se han dado en la calle», justificó. Erkoreka considera que establecer registros con detectores de metales manuales en la entrada de las discotecas puede ser una medida «eficiente». Sin embargo, explica que no tiene sentido instalar este elemento preventivo de seguridad sin un profesional preparado para realizar el cacheo y encontrar el arma blanca. «La prioridad está en disponer de profesionales que aseguren el registro, estamos trabajando en impulsar medidas para ello y estudiar a qué establecimientos se puede alargar», confirmó.

Este anuncio ha provocado las dudas y el rechazo del sector hostelero vitoriano que trabaja las noches además del día. «En nuestra ciudad hay lugares concretos, que ya están identificados, donde se producen situaciones críticas. Hay quejas de vecinos, de comerciantes... y la Policía Local tiene identificados esos puntos. Creemos que hay que buscar soluciones en esos espacios, no establecer medidas generales para toda la hostelería que implican costes importantes y además generan muchas dudas», comparte Patricia García, gerente de la asociación Gasteiz On, tras valorar esta posible imposición junto a sus asociados.

Los gastos extra es algo que preocupa mucho a los empresarios que regentan bares de copas en el centro o el Casco Viejo de la capital alavesa. «Estamos todavía recuperándonos de una pandemia y ajustando los gastos cada día. Si nos imponen esta nueva normativa tendríamos que tener un perfil de trabajador muy concreto que sale más caro que el camarero que está poniendo las copas», se lamentan. Inciden además en que el perfil del sector es muy variado y que el público objetivo de un local de ocio nocturno puede ser muy diferente al de otro. Por eso piden que si se adoptan medidas se haga de manera más personalizada, no de forma general. «Hay bares con una clientela madura que jamás han tenido problemas de este tipo. No entienden que ahora tengan que poner seguridad privada», concluyen desde Gasteiz On.

Juan Carlos Antolín, vicepresidente de SEA Hostelería y propietario de La Kobatxa en Mateo de Moraza, coincide con estas valoraciones y no considera acertada la propuesta del Gobierno vasco. «Lo que ocurre fuera de los locales es cosa de la policía, no responsabilidad nuestra», asegura de manera tajante. Y es que, según explica, en sus bares nunca se han tenido que enfrentar a agresiones con armas blancas ni temen que tengan que hacerlo. «En mi caso tenemos gente en la puerta para controlar quién entra, pero lo que pasa en la calle es un tema de seguridad ciudadana. Al igual que si hay una cuadrilla haciendo ruido a la puerta de un local».

Erkoreka avanzó ayer que el Gobierno vasco ha dado «los primeros pasos» para implantar la medida y estudiar a qué establecimientos se podría imponer la obligación de contar con seguridad privada, siempre con «equilibrio» y tras sopesar la opinión del sector. El proceso para cambiar la normativa «se encuentra en vía administrativa», por lo que cree que esta medida podría entrar en vigor en «un plazo corto».