El Gobierno vasco permite ahora limitar los alquileres en los concejos

El nuevo informe del Observatorio de Vivienda permite interpretar la situación de cada localidad por dos vías: en un solo conjunto o dividido por distritos. En el caso de Vitoria, los parámetros se cumplen en todos sus barrios y el Ensanche, pero la mayoría de los concejos quedaría fuera. Sin embargo, en caso de aplicar la normativa a nivel global, todo el municipio cumpliría con las condiciones para ser declarada zona tensionada.

Cabe recordar que un municipio o distrito puede solicitar limitar el alquiler cuando se da una de estas dos condiciones: que el coste medio de la hipoteca o el alquiler más los gastos y suministros básicos superen el 30% de la renta media de los hogares en ese entorno; o que los precios de los pisos se hayan incrementado en los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC.

La revisión busca evitar un efecto dominó. Es decir, que las zonas que se queden fuera del perímetro de la zona tensionada pasen a estarlo precisamente por la aplicación de la medida en el resto de la ciudad. El Ayuntamiento de Vitoria ya tenía decidido solicitar la declaración de zona tensionada, lo que le obliga a realizar un plan de acción a tres años con medidas para adecuar la oferta a la demanda y otras actuaciones para contener los precios.

A pesar de que el informe no supone un cambio drástico en Vitoria, tendrá una incidencia mucho mayor en algunas ciudades del entorno. Principalmente, en Bilbao. La capital vizcaína vio con cierta sorpresa que el primer informe de Vivienda excluía de la zona tensionada los distritos de Indautxu y Abando, dos de los más caros y demandados de la ciudad. En este sentido, cabe recordar que el único municipio alavés (aparte de Vitoria) que cumple los requisitos mínimos es Alegría en su totalidad.

Luz verde al convenio de VPO

Por otra parte, el Ayuntamiento y el Gobierno vasco firmarán hoy el convenio que desbloquea 960 VPO en Salburua. Se trata de un acuerdo arrastrado desde hace más de una década y que regula casi un millar de viviendas, muchas de ellas ya en construcción. El pacto estuvo bloqueado durante buena parte de la legislatura pasada, a cuenta de la cesión de 62 viviendas municipales al Gobierno vasco para su salida al mercado del alquiler protegido, aunque se resolvió antes de las elecciones. Ensanche XXI votó ayer por unanimidad la última versión, que será firmada por el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola (PSE), y la alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria.