Líos de vecinos

La bronca vecinal por un aparcabicis de Vitoria acaba en el Tribunal Supremo

Una urbanización de la capital alavesa lleva quebrada desde 2021 por un tema que parece menor. Aunque existen cuartos cerrados de bicicletas, se decidió colocar un aparcamiento para estos vehículos limpios en una zona teóricamente común. Un vecino con la plaza de su coche pegada a esa ubicación protestó al entender que se quedaría sin espacio. La propiedad cuenta con «amplias zonas ajardinadas y viales».

No hubo acuerdo y el caso terminó en un juzgado de Primera Instancia, que le dio la razón parcialmente. Tras un recurso le tocó pronunciarse la Audiencia Provincial de Álava. Ésta avaló a los precursores del aparcabicis con el argumento de que el aumento de estos vehículos limpios «requiere la adaptación de las comunidades de propietarios a la nueva realidad».

El desenlace legal podría alargarse otros tres años. Uno para que el Supremo decida si admite la causa y otros dos para resolver.

El montaje de elevadores en ciertos edificios no siempre resulta sencillo. A las complejidades técnicas se puede añadir la negativa de alguna de las partes implicadas en el laborioso proceso administrativo. Por ejemplo, la negativa de algún residente.

«Y en alguna ocasión hemos expropiado parte de un local de la planta baja para que los vecinos pueden instalar el ascensor», describen desde la Audiencia Provincial de Álava, máximo órgano judicial local.

Las reformas de portales han salvado a muchos estudios de arquitectura de la desaparición, aunque algunos trabajos han acarreado verdaderos martirios. Con el añadido de que un juzgado ha tenido que mediar entre laspartes.

«Ha habido reclamaciones de locales con una cuota importante en la participación del edificio que, tras la renovación, no disponían ni de la llave. De ahí que la Justicia suela fallar que sus pagos se reduzcan a elementos prácticos como la cota cero y queden fuera los cambios ornamentales», traza el abogado Eduardo Cervera.

La convivencia entre diferentes no siempre resulta fácil. Un inquilino de un pequeño inmueble ubicado en un barrio de la capital alavesa tenía martirizados a sus convecinos porque «dejaba solos durante horas a sus perros, que no paraban de ladrar».

Hubo muchas quejas, pero la situación mejoró sino todo lo contrario. De esta manera, el caso acabó en la esfera penal por «abandono animal» y la posterior marcha de esa persona del bloque.

Un propietario alquiló su vivienda en Vitoria a unas chicas jóvenes. Pero se dio la circunstancia de que todas se dedicaban a la prostitución. Al enterarse de su ocupación, el resto de la escalera protestó hasta el punto de solicitar amparo judicial.

El asunto concluyó con la salida del inmueble de esas mujeres y la petición de perdón por parte del dueño al resto de la vecindad. Eso sí, alegó «desconocer» a qué se dedicaban en realidad sus inquilinas.

Una comunidad de propietarios rechazó que uno de sus bajos se convirtiera en sociedad gastronómica. El enquistado asunto se demoró bastante en el tiempo, hasta el punto que acabó con el cambio de ubicación.

Pero dentro de estos txokos también florecen los lios internos. Un socio llevó al Tribunal Supremo a nueve compañeros de mantel porque se negaba a fregar los platos. Tras varios años de litigios, el caso no prosperó.