El Ayuntamiento de Vitoria, responsable civil subsidiario en el juicio por los abusos sexuales en la perrera

Este nuevo capítulo es el último de un asunto que enfrentó a las denunciantes y el Ayuntamiento desde el primer momento. A juicio de Suárez Alba, la Corporación no creyó la versión de las víctimas y cuando comprobó que sí había una base delictiva «tampoco actuó». El caso saltó a la luz en julio de 2020, a través de EL CORREO, cuando la Policía Local detuvo a un trabajador de 61 años de la perrera investigado por presuntos abusos sexuales a cuatro voluntarias. Estas diligencias se extendieron también a otras tres mujeres más, víctimas presuntamente de acoso laboral. Los hechos se habrían producido desde septiembre de 2019 a mayo de ese 2020. Pero según las denunciantes algunos episodios ya se remontaban al verano de 2018.

Las presuntas víctimas aseguraron entonces que pusieron el caso en conocimiento de los responsables municipales sin que estos, a su juicio, les dieran verosimilitud. Llegaron incluso a denunciar por prevaricación al concejal responsable del área, Iñaki Gurtubai (PNV) -en la actualidad, diputado foral de Igualdad, Euskera y Gobernanza. El empleado fue trasladado a otras dependencias municipales -las oficinas de Aguirrelanda-. Esta denuncia que fue archivada en noviembre de 2022.

Pero, paralelamente, el Consistorio anuló el convenio de Apasos en la perrera, circunstancia que el colectivo también denunció. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco les dio la razón en enero de 2022 al considerar que su trabajo resultaba fundamental en el quehacer diario del centro y que el Ayuntamiento no podía solo con sus medios afrontar estas labores. Estas personas regresaron a la actividad en las mismas condiciones que en 2020, algo que también debieron reclamar vía judicial.

Ahora queda la celebración del juicio por las agresiones, el asunto principal, probablemente no antes de fin de año. El acusado «sigue en prisión», asegura Apasos, ya que en 2022 fue condenado en firme a seis años por agredir sexualmente a su exnovia. En una declaración por el caso de Apasos ante el Juzgado de Instrucción número 4 aseguró que sufría «humillaciones» por parte de las denunciantes y que sus superiores municipales conocían el asunto «desde el principio».