Tubacex busca un acuerdo que garantice la estabilidad hasta 2024

Las dos partes iniciaron el 15 de septiembre una serie de encuentros bilaterales en los que participa también el departamento de Trabajo del Gobierno vasco, que ha insistido en que su papel no es el de mediador, dado que ni sindicatos ni dirección han solicitado esa figura. Las reuniones están encaminadas a alcanzar un acuerdo que acabe con la huelga indefinida que mantiene la plantilla desde el 11 de febrero pasado. Ya antes de estas reuniones, las dos partes parecían estar de acuerdo en aumentar el número de bajas voluntarias y prejubilaciones y en mantener el empleo durante los próximos tres años.

La protesta se deriva de los 129 despidos que comunicó la empresa en el mes de marzo para cumplir con el plan de ajuste que había anunciado el año pasado y que preveía un recorte del 20% en los gastos de las plantas de Llodio y Amurrio, en la misma línea que había aplicado con anterioridad en el resto de la compañía a nivel internacional.

Sin embargo, los despidos fueron declarados nulos por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 6 de julio. Pese a los contactos mantenidos tras la sentencia, la huelga se mantuvo y la empresa presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que se comprometió a retirar si antes se alcanzaba un acuerdo con la parte social. Los sindicatos por su parte, siempre han insistido en que no hubiera despidos y que todas las medidas que se adopten sean coyunturales para hacer frente a la crisis derivada de la pandemia y del cambio de modelo energético.