Apasos asegura que «ha empeorado el estado de los animales» de la perrera de Vitoria tras su expulsión

La expulsión de los voluntarios de la protectora animalista Apasos del Centro de Protección de Animal de Vitoria tiene efectos negativos en los animales que acoge, llegados desde distintos puntos de la provincia. Así lo han defendido este jueves Nuria Pérez-Cárcamo, presidenta de la asociación, y María Eugenia Suárez-Alba, abogada de este colectivo que mantuvo un convenio de colaboración para el cuidado de los animales de la perrera desde 2004 hasta este año, en las Juntas Generales de Álava. Apasos ha pedido colaboración para volver a la perrera y una mayor atención a los gatos callejeros del territorio alavés a los grupos políticos.

Varias de las denuncias de la única asociación animalista reconocida como de utilidad pública por el Gobierno vasco continúan su recorrido en los tribunales. La primera se dirige al empleado municipal que habría abusado y vejado a varias voluntarias y a tres de sus superiores por omisión de su deber de impedir estos delitos. Otra acusa de prevaricación al teniente de alcalde Iñaki Gurtubai, las medidas cautelares que les impiden volver a la perrera se han llevado al TSJPV en Bilbao, y la última se refiere a tres casos de maltrato animal que habrían tenido lugar en los últimos meses en la perrera.

«Es imposible que el Ayuntamiento supla la labor que los 25 voluntarios de Apasos hacían en la perrera», ha afirmado Suárez-Alba. Pérez-Cárcamo pide atender a estos animales «como se merecen» y sostiene que, «tras 17 años sin una sola queja, su estado ha empeorado» en los últimos meses. «Antes los sacábamos por la mañana y por la tarde, pero han ganado peso porque apenas salen del chenil. Les dábamos piensos específicos para evitar diarreas constantes y peligros para su salud. Organizábamos sus adopciones, conocíamos a sus adoptantes y les proporcionábamos atención las 24 horas. ¿Creen que las peleas o urgencias sólo tienen lugar en horario de oficina?», ha planteado.

Parte del trabajo de la protectora Apasos se desarrolla en casas de acogida, un lugar «más apropiado para animales ancianos, vulnerables y maltratados» que la perrera. Suárez se ha referido al caso de Eki, un perro de 17 años decomisado por la Ertzaintza en Agurain que pasó dos meses en la perrera «pese a tener una casa de acogida». «Apasos se persona contra maltratadores de animales del territorio en los tribunales y el Ayuntamiento lo hizo para decir que la protectora no tenía derecho a llevarse al can», ha señalado Suárez-Alba sin dejar de insistir en que, «como unas mujeres valientes se han atrevido a denunciar abusos y vejaciones en una dependencia municipal», están sufriendo «una revancha». «A Nuria se le ha denunciado por decir que hubo maltrato animal en la perrera», resumen. Los grupos de la oposición han lamentado que el Ayuntamiento «no activara el protocolo» necesario tras la denuncia de estas mujeres y les han agradecido su trabajo. El PNV ha recordado que el personal del centro se ha reforzado y que el asunto sigue judicializado.

Desde Apasos se muestran preocupados con el programa de acogida de gatos lactantes puesto en marcha por el Ayuntamiento de Vitoria tras la salida de Apasos de la perrera. «Hay que alimentarlos cada dos horas durante mes y medio y, si enferman, pueden morir muy rápidamente. Los participantes no pueden esperar hasta el día siguiente para tener atención veterinaria», denuncian. Critican que, sin su presencia, los animales se entregan en adopción «al primero que pase», sin valorar si son aptos para cuidar de ellos. También recuerdan que el Centro de Protección de Animal de Armentia no recoge a los gatos callejeros de la provincia, cuyas colonias llegan a «criarse sin control». «Este verano hemos esterilizado a 24 hembras en el Ayuntamiento de Zuya y encontrado familia a 67 gatitos que serán esterilizados y no volverán a la calle», han añadido.

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