El aluvión de citas presenciales obliga a ampliar al 4 de julio la campaña de la Renta en Álava

La Hacienda Foral reconoce que esta medida se adopta para atender la importante demanda de citas que se está registrando. Según los últimos datos a los que ha tenido acceso este periódico, en el presente año se han pedido 2.000 citas más que en 2024. Además, como alegó hace varias semanas la Diputación, no tiene capacidad para reforzar este servicio en Vitoria, Llodio y Laguardia con nuevas contrataciones porque se trata de un sector muy especializado en el que ahora no existen personas en paro.

En un comunicado, el Departamento que dirige Itziar Gonzalo alega que este año se prevé que haya 199.860 declaraciones frente a las 194.460 del pasado ejercicio, lo que supone 5.400 más. Una importante carga de trabajo. Eso sí, el 9 de junio expira el plazo para pedir cita previa.

Es una medida que afecta tanto a las personas contribuyentes como a las entidades colaboradoras y que se aplica a las modalidades de Rentaraba -la atención tradicional en oficinas- y Rentared, la declaración del IRPF online a través del programa de la Diputación. La prórroga, no obstante, no incluye a Rentafácil, el servicio en el que simplemente se da visto bueno a la declaración ya confeccionada por Hacienda y que seguirá acabando el 17 de junio. Esta modificación de fechas alcanza también al Impuesto de Patrimonio y al Impuesto de Grandes Fortunas.

A la declaración preconfeccionada se le puede dar el visto bueno a través de teléfono o internet, pero aún existen muchos escépticos que reclaman ser atendidos en las oficinas de la calle Samaniego. También hay colectivos que tampoco tienen la destreza suficiente o los conocimientos para poder hacerlo y, por eso, quieren ser atendidos presencialmente en vez de online.

Eso sí, no todo el mundo puede acudir en persona a las oficinas del Fisco Foral. Se excluye a quienes ejerciesen en 2024 una actividad económica; hayan vendido su vivienda habitual; hayan realizado más de tres operaciones inmobiliarias o de acciones; hayan participado en sociedades mercantiles no cotizadas; cuenten con una casa destinada al alquiler turístico o quieran acogerse al régimen especial de personas desplazadas. Se entiende que la complejidad para elaborar estas declaraciones suponen más tiempo de lo habitual y eso retrasaría la atención al resto de la ciudadanía.